Mijas revisa el PGOU para regularizar viviendas (Málaga Hoy)

Las viviendas irregulares se han convertido en el tema estrella de esta semana en Mijas. El pasado lunes los afectados solicitaron la paralización de los expedientes de derribo, mientras que el alcalde, Antonio Sánchez, saltó a la palestra el martes para afirmar que el municipio ya está realizando algunas medidas que se contemplarán en el decreto que prepara la Junta de Andalucía para normalizar la situación, como es el caso de la creación de un catálogo de construcciones.

Por todo ello, ayer se realizó un Pleno extraordinario, a petición del PP, en el que se plantearon medidas para poner una solución a esta problemática. En este sentido, el regidor mijeño explicó que ya se trabaja en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en los suelos no urbanizables, una medida que será un paso más para poner fin a esta situación. Esta innovación fue una de las solicitudes del PP, que contó con el respaldo de todos los grupos políticos, aunque Sánchez explicó que el inicio de este proceso "no tiene que traerse a Pleno".

"Quiero dejar claro que no todas las construcciones se van a regularizar porque será imposible hacerlo en aquellas que invadan el dominio público o que estén situadas en zonas de especial protección", aseveró Sánchez, a la vez que hizo hincapié en que los propietarios deberán hacerse cargo de los costes que correspondan. Así, el regidor también destacó que Mijas ya ha enviado a la Junta los datos de 3.000 de las 3.700 construcciones irregulares, de los que 500 son expedientes completos, un proceso que permitirá analizar las particularidades de cada caso.

En cuanto a la revisión, el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, dijo que se comenzará por las zonas próximas a los diseminados rurales, donde se concentran gran parte de estas construcciones. Asimismo, adelantó que hoy mantendrá una reunión con el redactor del PGOU para acelerar los trabajos.

La siguiente petición realizada por el PP fue la paralización de los decretos de demolición, una opción que fue rechazada por el equipo de gobierno. Sánchez indicó que si se tomase este camino se podría estar incurriendo en una "ilegalidad", al no especificar el tipo de construcciones, aunque adelantó que en lo que queda de legislatura no se llevará a cabo ningún derribo. En respuesta el edil popular, Manuel Navarro, apostilló que no se pide en ningún caso que se anulen los decretos sino una paralización, una opción que calificó como "perfectamente plausible".

Los operarios que reformaron el piso del concejal hicieron obras municipales (Málaga Hoy)

El padre del trabajador que pidió la licencia para las tareas en la vivienda de Díaz Guirado cuenta que fueron subcontratados por empresas de Enrique Vega que recibieron adjudicaciones del Ayuntamiento

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 10.03.2011 - 01:00

Los mismos obreros que ejecutaron la polémica reforma de la vivienda del concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, realizaron varias obras municipales en diversos distritos de la capital por encargo de una o varias de las empresas vinculadas a Enrique Vega, supuesto mediador en la concesión de la piscina de Puerto de la Torre. Este extremo fue confirmado a este periódico por Roman Sulzycki, padre del operario que solicitó la licencia para la adecuación del piso del edil del PP.

Sulzycki, en una conversación mantenida con este periódico, señaló que fueron "muchas" las actuaciones que recibían algunas de las firmas de Vega, entre las que mencionó por ejemplo Urbacon (de la que Vega fue administrador único hasta abril de 2009), por parte del Consistorio y que, posteriormente, les eran subcontratadas a ellos. Si bien no supo precisar un número exacto, sí señaló que alguna de estas actuaciones se localizaron en Palma-Palmilla e hizo hincapié en que hubo muchos encargos para la adecuación y mejora de colegios públicos.

Según expuso, junto a su hijo creó una pequeña empresa de construcción a la que acudía Vega para poder realizar ciertas intervenciones. De hecho, según comentó, ha estado recibiendo pedidos por parte de este empresario durante "unos tres años y medio". Sulzycki mostró su malestar con el trato recibido por Enrique Vega, puesto que, según afirmó, tiene problemas de pago por las obras realizadas. Este periódico trató de conocer la versión del empresario ante las aseveraciones de Roman, sin que ello fuera posible.

"Siempre cogía buenos trabajos del Ayuntamiento", explicó, al tiempo que recordó cómo el empresario vinculado a la adjudicación de la piscina de Puerto de la Torre, que investiga un juzgado para dilucidar la posible existencia de un presunto delito de cohecho, "muchas veces, porque yo trabajaba bien, me decía que por qué trabajaba tan rápido; me decía que fuese más lento". El nombre del hijo de Roman ha salido a relucir porque fue a él al que el edil del PP responsabilizó de que la licencia que se pidió y se concedió para la reforma de su casa se correspondiese con un proyecto valorado en 1.700 euros, cuando el coste final de los trabajos se ha elevado a unos 12.000, según Díaz.

Hay que recordar que, según admitió el concejal el pasado mes de febrero, los obreros que hicieron la adecuación de su piso le fueron recomendados por el propio Vega.

De acuerdo con la información facilitada por el equipo de gobierno del PP en octubre de 2009 sobre contratos menores adjudicados entre 2006 y finales de 2009 en los diez distritos de la ciudad, hay al menos 14 proyectos que recayeron en manos de dos firmas vinculadas a Vega, la ya mencionada Urbacon y Servicios Integrales LJS. Intervenciones valoradas en unos 434.000 euros.

Entre las acciones realizadas en este periodo por Urbacon se pueden mencionar en 2007 la mejora en los colegios Los Ángeles y Ciudad Mobile, por 30.000 euros cada una; en 2008, dos actuaciones de acerado y asfaltado en La Roca y Martiricos, por otros 30.000 euros cada una, y la mejora en colegios Cerro Coronado y preescolar Martiricos, por 45.000 euros. Todas estas obras tuvieron lugar en Palma-Palmilla.

Pero no fue el único barrio donde Urbacon actuó. A las mismas se pueden sumar, según los datos municipales, la eliminación de barreras arquitectónicas en El Palo y Pedregalejo (30.000 euros), obras de reforma y mejora en el colegio público Las Flores, en Ciudad Jardín (30.000 euros) y obras de microactuaciones en la barriada Parque del Sur y adyacentes, por otros 30.000 euros.

En el caso de Servicios Integrales LJS, el listado de contratos municipales entre 2006 y finales de 2009 incluye obras en zonas verdes en Palma-Palmilla, por 30.000 euros; dos contratos para zonas verdes en los sectores de La Roca y Martiricos, por 60.000 euros en total (ambas datan de 2008); mejoras en el colegio público Hogarsol y otras del distrito de Carretera de Cádiz, por 30.000 euros, y el mantenimiento de parques y jardines de este distrito, por otros 28.879 euros.

Más allá de los contratos menores de los distritos, el propio Ayuntamiento informó hace algunas semanas de que estas dos firmas, más otras dos vinculadas a Vega (Sermacon Seguridad, S.L. y Sermacon Servicios Auxiliares) habían recibido contratos por 1,1 millones de euros, aproximadamente. En este último periodo, la Gerencia de Urbanismo, por ejemplo, contrató a Urbacon para la realización de dos obras del primer plan Zapatero y del Proteja, por 537.864 euros. A éstas se suman otras obras por 343.000 euros por parte de otras áreas del Consistorio.

El nuevo PGOU sale a exposición pública. Nerja (SUR)

Las personas interesadas en consultar la documentación de la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Nerja pueden hacerlo en horario de mañana y de tarde en el Centro Cultural de la Villa. Además de los planos de calificación de uso que se encuentran expuestos en los paneles, los interesados también pueden consultar un volumen con las ordenanzas y las fichas de características de cada uno de los sectores. La documentación se podrá consultar hasta el próximo día 8 de abril.

Costas redacta el proyecto para unir el paseo marítimo de Torrox (SUR)

Completar la unión de los paseos marítimos de Torrox, construyendo los tramos que aún quedan pendientes, entre las zonas de Los Llanos y El Morche. Este es el objetivo del proyecto que está redactando la Demarcación de Costas en Málaga, para unir peatonalmente todo el litoral del municipio axárquico. Así lo anunció ayer el concejal de Playas y primer teniente de alcalde, José Pérez (PSA), tras mantener la pasada semana una reunión con el máximo responsable del organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia, Francisco Hermoso.

El edil planteó su preocupación por las intervenciones que Costas está haciendo en el litoral de El Peñoncillo, en donde han desmontado una zona de aparcamientos y una pista de petanca que está contemplada en el Plan de Playas aprobado por el Consistorio. El jefe de la Demarcación aseguró que el plan estará aprobado antes de la Semana Santa, y que la pista podrá ser reconstruida, «atendiendo al uso de los materiales que se especifican en las normas». Al mismo tiempo, explicó al concejal de Turismo que Costas prevé próximamente la ordenación definitiva de ese sector de playa, incluyendo la construcción de un paseo peatonal y otros servicios públicos.

También sirvió la reunión para aportar más información sobre el proyecto del parque marino proyectado por el Ayuntamiento de Torrox en la desembocadura del río, del que el funcionario ministerial solicitó la redacción de un anteproyecto. Pérez dijo que ha salido «satisfecho» de los logros alcanzados en la reunión y de la «buena disposición» de Costas con los proyectos del municipio.

Mijas confía en que la revisión del PGOU regularice el 90% de las viviendas 'ilegales' (SUR)

La localidad prepara los expedientes que se pueden acoger al decreto de la Junta para edificaciones en suelo no urbanizable

10.03.2011 -

MARI CARMEN JAIME

MIJAS.

La regularización de viviendas en suelo no urbanizable parece ser la principal gestión de la semana en Mijas. El trabajo realizado por el Ayuntamiento, para la catalogación de expedientes de casos afectados sigue su curso mientras las gestiones relacionadas directamente con la Junta a raíz del anuncio de un decreto que afectará a toda Andalucía se realizan codo a codo. Así, durante la celebración de un pleno extraordinario en la localidad el alcalde, Antonio Sánchez adelantó que «las revisiones del PGOU que afectan mayoritariamente a diseminados rurales tradicionales comenzarán una vez que la administración publique el decreto anunciado». Así, desde la concejalía de Urbanismo, Juan Cruz apuntó que las revisiones parciales de la ordenación del municipio ya han comenzado «para legalizar el máximo de viviendas posibles, por encima del 90%».

En este sentido, el mandatario aseguró que «es preferible esperar a las especificaciones del decreto para no tener que corregir errores urbanísticos en el futuro». Sin embargo, Sánchez recordó que «existen expedientes de construcciones que no se podrán solucionar», en referencia a las que se levantan en zonas de especial protección, dominios públicos o inundables. Desde el Ayuntamiento se avanzó que la revisión comenzará por zonas próximas a diseminados como Osunillas o Valtocado.

El concejal popular Manuel Navarro destacó en su exposición de la sesión plenaria, demandada por el propio grupo municipal, que es muy necesario paralizar los decretos de demolición aludiendo a una «justificación técnica» que existe, sobre todo a raíz de las medidas anunciadas por el gobierno andaluz. Además, según los populares esta medida «vendría a dar tranquilidad a los afectados por multas coercitivas o órdenes directas de demolición que se mantienen paralizadas a la espera de lo que ocurra». Así, el PSOE declinó la propuesta aludiendo a una posible irregularidad por una cuestión de forma «al no especificar en la moción, el tipo de edificación al que afectaría esta medida», asegurando que «por el momento no se han demolido viviendas así que en lo que queda de mandato tampoco se ejecutarán».

También se recordó que «no se trata de una amnistía para regularizar todos los casos, de manera que los propietarios deberán afrontar los gastos que les correspondan, para que estén en igualdad de condiciones con los ciudadanos que sí construyeron o adquirieron sus viviendas con todas las de la ley», argumentación que aprueban también la oposición.

Cruz aseguró que ya se ha remitido a la Junta 3.000 de los 3.700 expedientes de viviendas situadas en suelo no urbanizable pero que son 500 los casos en los que la documentación remitida está completa.

El Senado, en contra de las prospecciones de gas en la Costa (SUR)

La Cámara Alta acuerda derogar los permisos que autorizó el Gobierno para buscar yacimientos en el Mediterráneo

10.03.2011 -

I. LILLO / AGENCIAS

MÁLAGA / MADRID.

Nuevo revés para las compañías petrolíferas en sus pretensiones de explotar yacimientos de gas frente a la Costa del Sol, una idea a la que se oponen frontalmente tanto el sector turístico como los ecologistas y la mayoría de los alcaldes de municipios del litoral malagueño. El pleno del Senado acordó ayer derogar los permisos que concedió el Gobierno para realizar prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo, dentro de la Ley de Economía Social. La enmienda, planteada por el senador del Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista (PSM-EN), Pere Sampol, salió adelante con 129 votos a favor y con el respaldo del PP y del grupo mixto.

Cabe recordar en este punto las palabras del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, quien, durante una comparecencia en la capital el pasado mes de enero, afirmó que «nadie va a sacar gas o petróleo de la costa de Málaga». El también ministro de Política Territorial añadió que el Gobierno no autorizará ninguna actividad que ponga en riesgo al sector turístico. «Que no se alarme nadie sobre algo que no va a tener lugar».

La enmienda tendrá que debatirse ahora en el Congreso de los Diputados, donde podrá ser aprobada o rechazada. La iniciativa del PSM-EN solicita derogar los permisos de investigación de hidrocarburos que el Gobierno aprobó a finales de diciembre y que autorizaban estas actividades en las proximidades de la reserva marina de las Islas Columbretes, frente a las costas de Valencia, hasta 35 millas de Ibiza y frente a las costas de Málaga y de Cádiz.

De nuevo, viene a colación lo expuesto por Chaves, quien en enero dijo que el Ejecutivo estaba a la espera de informes sobre impacto medioambiental; y añadió que lo único que se podría autorizar es una investigación para ver si existe o no ese recurso, pero no su extracción.

Grave riesgo

Para Sampol, promotor de este cambio normativo, los pozos en el mar, así como el tráfico de barcos petroleros y las conducciones marítimas, suponen un «grave riesgo» para las zonas de alto interés ecológico, para los ecosistemas marinos y para la industria pesquera y turística. Asimismo, el senador territorial mostró su preocupación y la del sector ecologista y turístico por la contaminación que pueden suponer las futuras explotaciones petrolíferas, y destacó que las prospecciones autorizadas en las costas valencianas pueden afectar también a las Baleares.

En su opinión, el riesgo ante un accidente medioambiental en aguas mediterráneas existe ya que los reales decretos que autorizaban las investigaciones marítimas recogían que las compañías petroleras encargadas de estos trabajos debían suscribir un seguro de responsabilidad civil para responder ante posibles daños a personas o a bienes.

Por ello, el senador pidió a la Cámara Alta que decida si apuesta por el petróleo o por el turismo, y recordó que la primera de las opciones supone incrementar las emisiones contaminantes a la atmósfera y una mayor dependencia energética de combustibles fósiles.

La Ley del Sector de Hidrocarburos establece que los yacimientos subterráneos del territorio español, así como el subsuelo del mar territorial y los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Estado son bienes de dominio público, por lo que su aprovechamiento requiere de una concesión administrativa.