domingo, 12 de abril de 2009

La prevaricación urbanística también salpica al alcalde de Colmenar, imputado. (MALAGA HOY)

investigación La ex arquitecta municipal y otras tres personas están acusadas
La prevaricación urbanística también salpica al alcalde de Colmenar, imputado.

La Guardia Civil investiga al Ayuntamiento por conceder licencias para viviendas en un proyecto de nave agrícola.

El urbanismo de la comarca de la Axarquía vuelve a estar en el punto de mira sólo un mes después de que se destapara la operación Arcos contra la corrupción urbanística en Alcaucín. La Guardia Civil está investigando al Ayuntamiento de Colmenar por haber concedido certificados de licencia de primera ocupación para una nave agrícola cuando en realidad se trataba de viviendas. El alcalde del municipio, el socialista Pedro Fernández Palomo, y la ex arquitecta municipal, A. B. A., están imputados por un presunto delito de prevaricación urbanística, mientras que a otras tres personas, entre ellos un arquitecto y dos promotores, se les acusa de un presunto delito de falsedad documental.

Los hechos se remontan a 2003. Según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la investigación, la entonces arquitecta del Consistorio -esposa del ex jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación José Francisco Mora, actualmente en la cárcel por el caso Alcaucín acusado de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística- emitió un informe favorable para construir una viviendas en este término municipal en un solar en el que estaba prevista una nave agrícola y a pesar de que el proyecto urbanístico presentado originalmente así lo contemplaba.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constataron esta irregularidad durante una inspección en el inmueble que contaba tanto con la licencia urbanística como la de primera ocupación. Pero al cotejarlo con el expediente abierto por el Ayuntamiento este municipio axárquico, descubrieron que el proyecto para construir la nave agrícola no estaba visado y que la licencia de primera ocupación había sido concedida sin el informe pertinente.

Al igual que la arquitecta municipal, el alcalde socialista de Colmenar también está imputado por un presunto delito de prevaricación ya que, según las mismas fuentes, hizo caso omiso a un informe escrito del secretario municipal en el que advertía de las anomalías que se estaban produciendo y de la imposiblidad de legalizar la operación urbanística.

La Guardia Civil también acusa a un arquitecto de Sevilla, identificado como P. F. D. V., de falsificar el certificado final de obra que presentó al Ayuntamiento de Colmenar sobre el proyecto aprobado inicialmente para construir una nave de aperos. Los dos promotores imputados por la Guardia Civil, J. F. P. y A. C. D., admitieron además que cuando se aprobó la certificación había una vivienda y no una nave agrícola, para lo que habían hecho coincidir en los planos la distribución y la superficie de la vivienda con la nave agrícola que se suponía que se iba a construir.

Según apuntaron las mismas fuentes, ambos habían inscrito en 2004 la vivienda en el Registro de la Propiedad con un informe del arquitecto también imputado de que la obra tenía más de cinco años. Pero los agentes del Seprona comprobaron mediante las fotos realizadas y los certificados concedidos por el Ayuntamiento de Colmenar entre los años 2001 y 2002 que la licencia municipal otorgada era para una nave agrícola y fue autorizada en mayo de 2003, por lo que los dos promotores están acusados de falsificar el certificado de antigüedad de la vivienda.De momento, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no se ha producido ninguna detención.

El Gobierno ultima el estudio de impacto ambiental del aeropuerto de Antequera. (LA OPINION)

El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado audiencia a los ayuntamientos que se pueden ver afectados por el aeródromo para que aporten sus sugerencias.

LOLA SÁNCHEZ. ANTEQUERA El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado a los ayuntamientos de la provincia de Málaga que podrían verse afectados por la ejecución de un aeropuerto dentro del término de Antequera sugerencias medioambientales que permitan valorar los "efectos" que una infraestructura de este calado ocasionarían en el entorno. Los municipios a los que se les ha remitido esta solicitud de colaboración se ubican al norte del término municipal de Antequera, y en el listado se encuentran los malagueños de Villanueva de Algaidas, Fuente de Piedra, y Antequera, así como los cordobeses de Benamejí y Palenciana. "Los ayuntamientos tenemos un plazo de un mes para contestar a una serie de requerimientos que nos pide Medio Ambiente para cerrar su estudio de impacto ambiental, uno de los trámites básicos para concluir el plan director que definirá y determinará la construcción de esta infraestructura", explicó a este diario el alcalde la ciudad del Torcal, Ricardo Millán.

A partir de aquí, y tras el visto bueno del informe de impacto ambiental de la infraestructura aeroportuaria, el grupo Vera -que promueve este complejo- podría empezar a tramitar con la Junta la ejecución de la sede, teniendo en cuenta que ya viene respaldada por la declaración de interés general del Ministerio de Fomento. "Los pasos a partir de aquí son nuevos en Andalucía, ya que hasta el momento no se ha tramitado un complejo aeroportuario bajo estos parámetros", resaltó el regidor. La previsión del grupo promotor es tener operativo el aeropuerto para 2012, con el objetivo de alcanzar el millón de pasajeros en el primer año, y los cinco millones tras diez años de funcionamiento.