La Junta niega a Marbella el polémico deslinde de suelo con Benahavís (Málaga Hoy)

La Junta de Andalucía ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Marbella para advertirle de que no estima procedente el inicio de expediente de deslinde entre este municipio y la localidad vecina de Benahavís, aprobado en Pleno en diciembre del pasado año. El documento, firmado por el director general de Administración Local de la Consejería de Gobernación, Manuel Zafra, y hecho público ayer por el grupo municipal socialista, establece que los límites entre Marbella y las poblaciones colindantes ya están definidos desde el siglo XIX y son inamovibles.

El Gobierno autonómico señala en su escrito que el Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA) elaboró en 2007 un informe en relación con este asunto, utilizando las actas y cuadernos topográficos de los deslindes efectuados por Marbella, Benahavís, Ojén y Mijas entre 1873 y 1875 y recogidos por el Instituto Geográfico Nacional. "Teniendo en cuenta que las líneas límites están ya definidas, al haber sido fijadas mediante acuerdo formal de los municipios afectados, devienen inamovibles", señala la Consejería de Gobernación, que mantiene que la posibilidad de modificar esos límites se encuentra "restringida" tanto para la Administración autonómica como para las localidades afectadas.

El inicio del expediente de deslinde ha sido objeto de polémica ante las acusaciones formuladas por los grupos de la oposición en el Consistorio marbellí (PSOE e IU) referentes a los presuntos intereses personales por parte de la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), en la aprobación de la operación, dado que afectaría a terrenos que son propiedad de sociedades gestionadas por familiares e, incluso a la actual residencia de la regidora.

El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero (PP), responsabilizó ayer a la Junta de Andalucía de "ir en contra de sus propios actos administrativos" al dar "carta de naturaleza a unos planos" del Instituto Andaluz de Cartografía "que entran en contradicción con los planes generales que ellos mismos aprobaron". Para Romero, resulta "inconcebible" que el Gobierno autonómico "ponga en duda una serie de actos firmes de ordenación del territorio que evidencian que los terrenos sobre los que el PSOE está empeñado en levantar polémica pertenecen a Benahavís".

El Pleno da luz verde al desarrollo urbanístico de la zona de El Pozuelo. Torremolinos (Málaga Hoy)

Las previsiones del equipo de gobierno apuntan a que se construirán 300 viviendas, de las que un 30% serán VPO

El equipo de gobierno del alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, dio ayer luz verde al desarrollo del plan parcial de la parcela R-2-9, situada en la zona conocida como El Pozuelo, para que sea incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Esta aprobación viene dada una vez recibido un informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo, y tiene la particularidad de que en esta zona se prevé la construcción 700 viviendas, de las que un 30% se reservarán para ser VPO, según explicó el portavoz popular, Ramón del Cid.

Sin embargo, los grupos de la oposición, que se abstuvieron en la votación, mostraron sus discrepancias al respecto. El líder de IU, Félix Martín, criticó que esta moción tuviera el carácter de urgente y no se hubiera discutido antes en una comisión. Por su parte, el portavoz socialista, Juan Ortuño, fue mucho más allá y afirmó tener serias dudas de que en esta zona se pudieran construir viviendas puesto que estará rodeado de viales y esto supondrá una gran contaminación acústica: "Esta parcela es un rectángulo ubicado por encima de las pistas deportivas y estará rodeado de viales. Al sur tendrá el vial de la cornisa, al este otro de acceso al sector, al oeste uno de acceso a la autovía y al norte la propia autovía", explicó Ortuño. Por ello, mostró sus reservas de que la idea de instalar pantallas contra la contaminación acústica o árboles fueran suficientes para frenar el ruido.

Por su parte, el alcalde de Torremolinos afirmó que los representantes socialistas "han hecho lo indecible para frenar este proyecto". Al respecto aseguró que el acuerdo urbanístico, que permitirá el desarrollo de la zona, ha hecho posible que se recuperaran solares, como es el caso de la zona donde está ubicada la plaza Ruiz Picasso, y la agrupación de 25.000 metros cuadrados para que "la Villa Deportiva siga creciendo". Además, el primer edil aseguró que el Consistorio sumará a las arcas municipales 5,2 millones de euros, por lo que oponerse, haciendo referencia a los grupos de la oposición, "no tiene nombre".

Bonificaciones de hasta un 95% en el impuesto de obras para VPO. Rincón de la Victoria (Málaga Hoy)

La medida va destinada a los colectivos de menores rentas y a los jóvenes

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Psirv-PSOE) decidió ayer reducir el abono de la ordenanza fiscal reguladora de licencias de obras para la construcción de viviendas sociales. El objetivo es promocionar en el municipio la construcción de viviendas de protección oficial.

Por un lado la propuesta determina establecer una bonificación del 50% para las promociones de Viviendas de Protección Oficial que se construyan en la localidad; y por otra lado, otorgar una segunda bonificación que alcanza hasta el 95% para las construcciones, instalaciones u obras (ICIO), que se acojan al Plan de Rehabilitación de Viviendas de la Junta de Andalucía.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Salvador Domínguez (Psirv), explicó que esta iniciativa "supone una apuesta firme por impulsar la construcción de viviendas sociales tan demandadas en el municipio, especialmente por parte de los colectivos de menores rentas y los jóvenes". El concejal de Urbanismo, José Domínguez (PSOE), aseguró que la propuesta "contribuye al inicio de las obras denominadas de especial interés y supone un aliciente más para se pongan en marcha un mayor número de promociones de calidad a un coste menor a la hora de adquirir la vivienda".

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha gestionado la construcción de nuevas VPO en el municipio. Se trata de las ya sorteadas 51 viviendas protegidas que se construirán en Benagalbón y Torre de Benagalbón, y 72 Viviendas de Protección Oficial en régimen de cooperativa.

Una ampliación hará que el Carpena tenga 12.000 plazas (La Opinión)

El ayuntamiento ha encargado un estudio de viabilidad para elevar el aforo del palacio en 2.300 nuevos asientos en un plazo de dos años, antes de que acabe esta legislatura. Con este aforo Málaga podría optar a organizar grandes eventos, como la ´final four´

RAFAEL M. GUERRA. MÁLAGA Un Martín Carpena capaz de acoger una ´Final Four´ de la Euroliga. El lejano y ansiado sueño del Ayuntamiento de Málaga está, a día de hoy, más cerca. El consistorio ya ha encargado un estudio técnico para ampliar el aforo del Palacio de los Deportes hasta los 12.000 asientos, requisito indispensable para albergar una gran competición. La nueva dimensión del Carpena le permitiría optar, con todas sus opciones intactas, a albergar un evento de esa envergadura. Además, cómo no, de nuevas ediciones de la Copa del Rey, el torneo más bonito y emocionante del baloncesto nacional.
El proyecto ya está en marcha y técnicos municipales se han puesto manos a la obra. La instalación tiene actualmente capacidad para 9.708 personas, aunque en las estadísticas oficiales de los partidos del Unicaja se hable de lleno con 10.000 aficionados. La realidad es que faltan casi 300 asientos para redondear esa cifra.
Los técnicos desecharon el pasado año una ampliación en vertical, añadiendo un tercer anillo a la estructura y retirando temporalmente la cúpula del Palacio.
La obra fue inviable debido al elevadísimo coste del proyecto, tasado en 22 millones de euros. La construcción necesitaba un nuevo pilotaje, y la empresa encargada del estudio hablaba de un periodo de entre tres y seis meses para ejecutar la obra.
Ni el Ayuntamiento estaba dispuesto a realizar una inversión semejante -un nuevo pabellón saldría por ese mismo precio- ni el Unicaja podía permitirse el lujo de convivir con esas obras durante un tiempo tan prolongado. Se pasó página a esa idea y se comenzó a pensar en otras.
Y la solución parece ahora mucho más cercana. La idea sería variar la situación de los actuales baños que se encuentran justo en el centro del pabellón, entre el primer y el segundo anillo. Se ubicarían en las esquinas del Palacio, mientras que los actuales servicios se echarían abajo, se edificaría un nuevo graderío en las tribunas que ocupan el largo de la pista y se unirían el primer y el segundo anillo. Sobre esa base se trabaja.
Porque, ocurra lo que ocurra, el concejal de Turismo y Deportes del Ayuntamiento de la capital, el popular Elías Bendodo, se ha empeñado en que el Carpena tenga 12.000 asientos antes de que acabe la actual legislatura. El plazo que se ha dado es de dos años, ya que las pasadas elecciones municipales se celebraron el 27 de mayo de 2007.
"Ya se ha encargado el estudio de viabilidad y creemos que será posible", confirmó a La Opinión el propio Bendodo, que recordó cómo ha ido evolucionando la capacidad del Martín Carpena. Cuando se inauguró, el pabellón contaba con 8.500 localidades.
Una posterior remodelación posibilitó que el número de plazas se incrementara hasta las 9.708, lo que permitió volver a acoger una Copa del Rey. Ahora ha crecido aún más la ambición y ya se vislumbra un aforo con 12.000 espectadores, un incremento de casi 2.300 sitios, más del 20 por ciento del total del actual Carpena. Sobre ello se trabaja y se espera que, en un plazo lo más corto posible, puedan comenzar las obras. Primero habrá que concluir con el estudio técnico, dotarlo de presupuesto y ejecutar el proyecto, siempre que Bomberos dé el visto bueno a los cambios previstos.
¿En el peor momento? Precisamente este ambicioso plan llega justo en un momento muy peculiar, en el que el Unicaja no acaba de llenar el Palacio de los Deportes. Hace ya tiempo que el Carpena no registra un lleno en su aforo. Se ha hecho corriente ya ver demasiados asientos vacíos. A pesar de eso, el club tiene casi 2.000 personas en lista de espera para conseguir un abono.

Torrox licita dos parcelas para la construcción de 152 viviendas de VPO (La Opinión)

El Ayuntamiento de Torrox dio ayer luz verde a la enajenación de dos parcelas públicas en el pago del Barranco del Puerto, frente a la zona de La Almedina del casco histórico, donde se crearán 152 viviendas de VPO. En el pleno celebrado a última hora de la tarde se indicó que la mitad de los inmuebles incluidos en ese cupo se destinarán a jóvenes.
Del resto de viviendas, la mitad serán "de iniciativa municipal y autonómica" y la otra mitad de "régimen general". El concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), avanzó ayer que el 75% de las fincas urbanas que se van a edificar serán de tres dormitorios, pero que habrá también de uno, dos y hasta cuatro. "Este proyecto, cuyo expediente acabamos de iniciar, es bastante importante porque en la comarca de la Axarquía hay pocos paquetes de viviendas de protección oficial de este calibre", apuntó.
Una vez que se haya completado el proceso inicial está previsto que se abra una convocatoria pública, de forma que las personas interesadas en estas VPO las soliciten.

La reforma del acueducto de San Telmo se iniciará con cuatro meses de retraso (Málaga Hoy)

Los vecinos de la zona del arroyo Quintana denuncian que desde que en noviembre se puso la primera piedra de la obra sólo se ha hecho el pilotaje del monte y que no se ha acotado el perímetro de seguridad

Cuatro meses después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y parte de su equipo de gobierno pusieran la primera piedra de la obra que permitiría rehabilitar el único tramo que aún se mantiene en pie del emblemático acueducto de San Telmo en el casco urbano, el Ayuntamiento de la ciudad ha anunciado que hoy o como máximo el lunes se empezará a actuar en el puente del arroyo Quintana. Los vecinos de la zona han denunciado en reiteradas ocasiones el abandono de este proyecto, en el que se invertirán más de 665.000 euros y del que sólo se ha acometido hasta la fecha la construcción de un muro de pilotes en un monte cercano para reducir la presión sobre esta infraestructura.

Jesús Valverde es uno de los tantos vecinos de la zona que critican que llevan meses observando como el acueducto "se está cayendo sin que nadie haga nada ni aparezcan por aquí". Asegura que los pilotes se empezaron a poner a principios del mes de enero y que desde entonces la obra ha estado completamente parada por parte de la Unión Temporal de Empresas Acueducto de San Telmo que resultó ser la adjudicataria del proyecto.

Después de esa actuación, que consideran que fue "una chapuza", denuncian que ni siquiera se ha acotado la zona de seguridad en torno a este tramo del acueducto de 160 metros de longitud a pesar de la cercanía de varios bloques de viviendas y un centro escolar.

Sin embargo, la Gerencia Municipal de Urbanismo niega que la obra se haya paralizado en algún momento y sostiene que la última actuación, que fue la de hormigonar la viga que mantenía el micropilotaje que se llevó a cabo ene l monte, se terminó el pasado 14 de marzo.

La siguiente fase, que será la de acometer la rehabilitación del propio acueducto y que tiene un plazo de ejecución de ocho meses, empezará en breve después de que "hoy mismo se acote la zona dejando una especie de túnel bajo el arco principal para no afectar al tránsito normal de los vecinos y retirar los andamios que ahora sustentan a este tramo", precisaron las mismas fuentes de Urbanismo.

Además, el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de eliminar las numerosas pintadas que hay sobre este tramo del acueducto y no estaban previstas en el proyecto inicial. El concejal del IU en el ayuntamiento de Málaga Antonio Serrano, que se ha hecho eco de la denuncia de estos vecinos en los últimos meses, denunció "el abandono que sufre el patrimonio que parece que sólo se utiliza para que algunos se hagan la foto".

La Junta obliga a Marbella a mantener las lindes de 1873. Marbella (La Opinión)

Los socialistas le piden a Muñoz que rectifique mientras que el PP cree que la Junta trata de "salvarles la cara"

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Es inamovible. La línea divisoria entre Marbella y Benahavís pactada entre los actuales gobiernos del PP en ambos municipios y propuesta como nuevo límite en sus respectivos planeamientos urbanísticos es nula de pleno derecho, según un informe de la Consejería de Gobernación.
La nueva linde carece de validez por no ajustarse al antecedente marcado en 1873 por el Instituto Cartográfico Andaluz, por lo que el PSOE le pide a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que rectifique.
Esta es la conclusión del Gobierno andaluz tras estudiar la documentación remitida por el Ayuntamiento marbellí, que justifica el cambio de lindes dibujado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado provisionalmente. Para ello, se fundamentan en el hecho de que los terrenos que dejan de pertenecer a Marbella para formar parte de Benahavís "vienen siendo gestionados por este último Ayuntamiento desde hace treinta años".
Sospechas. La investigación iniciada por la Junta tiene su origen en la denuncia efectuada por el grupo municipal socialista, que sospechaba de los posibles intereses personales que pudiera tener Muñoz en la zona que resulta modificada, la urbanización conocida como Vega del Jaque, donde se sitúa su residencia familiar.
El edil socialista Javier de Luis explicó ayer que los propietarios de viviendas en esta zona resultan beneficiados por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Benahavís, ya que las condiciones de aprovechamiento de sus suelos mejoran en el nuevo documento propuesto por el Consistorio ojeneto. "La superficie del sector se amplía en 22.892 metros cuadrados, la edificabilidad aumenta en 3.365 metros y el número de viviendas se multiplica por tres, al pasar de 39 a 99". Unas modificaciones que difícilmente se hubiesen podido efectuar si los terrenos adjuntados a Ojén se hubiesen mantenido en Marbella, donde en lugar de urbanizables están calificados como rústicos.
El portavoz del gobierno del PP en Marbella, Félix Romero, cree que la responsable de las incongruencias entre los mapas cartográficos y los reflejados en ambos PGOU es la Junta, que los aprueba sin atender a las diferencias y que, con su escrito, "sólo trata de salvar la cara al PSOE".

El número de viviendas iniciadas es ahora cuatro veces menor que en 2004 (Málaga Hoy)

El año pasado apenas se empezaron a construir 11.327 pisos en la provincia frente a los 42.938 contabilizados hace un lustro · Málaga fue la provincia andaluza donde menos VPO se impulsaron durante 2008

El Ministerio de Vivienda ofrece tablas estadísticas sobre la evolución de inmuebles iniciados y los datos en Málaga son especialmente llamativos. Muestran a las claras cómo ha sido el diente de sierra, la locura, tanto por lo alto como por lo bajo, en la que se ha movido el sector inmobiliario en los últimos años. En 2008 se iniciaron en la provincia 11.327 viviendas. Teniendo en cuenta la actual crisis del sector, que apenas cuenta con financiación, construir más de 10.000 viviendas podría ser considerado un buen número. Sin embargo, si se echa la vista atrás, ese volumen es prácticamente alarmante. Supone un 51,9% menos que el año anterior, que también fue bastante malo para el sector, y el dato más bajo desde 1996. Si se compara con 2004, la diferencia es abismal. En ese ejercicio los promotores y constructores empezaron a construir 42.214 viviendas, es decir, casi cuatro veces más que el año pasado.

En Málaga se siguen construyendo mayoritariamente viviendas de renta libre, hasta el punto de que acaparan nueve de cada diez nuevos inmuebles, y eso repercute en un mayor precio para el comprador. Es significativo el poco peso que, pese a la fuerte demanda de vivienda, siguen teniendo los inmuebles de protección oficial en la provincia. En 2008, según los datos del Ministerio, sólo se iniciaron 1.073 pisos protegidos en Málaga, el peor dato desde 2004 y un 66% menos que hace dos años. Málaga fue la provincia andaluza donde menos VPO se iniciaron el año pasado a bastante distancia de la primera, que fue Sevilla con 5.155 inmuebles iniciados (cinco veces más), y la segunda, Cádiz, con 2.631. La penúltima fue Córdoba con 1.140. En el último lustro, en Málaga apenas se iniciaron 7.689 VPO, una cantidad totalmente insuficiente para una provincia con más de un millón y medio de habitantes. En Sevilla, que posee unos 300.000 habitantes más que Málaga, se iniciaron en los últimos cinco años 23.107 viviendas de protección oficial.

José Prado, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), apunta que "es normal que haya estos datos tan bajos, tomando como referencia, por ejemplo, que el visado de viviendas haya descendido un 55% en el último año". Prado, que lleva años instando a las Administraciones a que aprueben los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) para poder trabajar, asegura que, pese a las continuas peticiones de los promotores, "todo sigue igual, no se mueve nada y sólo se ha aprobado el de Rincón de la Victoria". Prado recuerda que, una vez se aprueben los PGOU, "habrá que esperar dos o tres años para que se pueda empezar a construir en esos terrenos por lo que, si la crisis acabara en 2010, este sector no resurgiría al menos hasta 2012".

El PP propone que el 'megahospital' se ubique en los suelos del Civil y el Materno (Málaga Hoy)

Rechaza la localización planteada por Chaves, que situaba este equipamiento en Lagar de Oliveros y Soliva Norte · A pesar de ello tiende la mano para analizar con la Junta el mejor emplazamiento posible

Nueva vuelta de tuerca en el debate sobre el proyecto de megahospital puesto sobre la mesa por la Junta de Andalucía. Apenas diez días después de que el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, anunciase la idea de emplazar este equipamiento en los suelos de Lagar de Oliveros y Soliva Norte, al oeste de la capital, el equipo de gobierno del PP aprovechó el Pleno celebrado ayer para, no sólo rechazar este posible emplazamiento, sino para proponer como alternativa donde levantar este proyecto los espacios libres existentes en las parcelas de los hospitales Civil y Materno Infantil.

El mensaje, que el alcalde, Francisco de la Torre, señaló como "una posibilidad", fue expuesto por el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, durante el debate de una moción en la que se ofrecía a la Junta "la colaboración máxima" para decidir la mejor ubicación para el denominado nuevo Carlos Haya. Y en la que se insistía en la necesidad de dotar de un tercer hospital a la zona este de la ciudad, donde, según el edil, hay reservadas, dentro de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), hasta cuatro parcelas: los Altos del Limonar, por encima de la ronda este; Wittemberg, El Tinto y La Pelusa.

De acuerdo con la iniciativa del PP, que fue avalada en parte por los grupos de la oposición, PSOE e IU, el mapa sanitario de la capital estaría conformado por tres complejos: el Clínico, al oeste; el nuevo Carlos Haya, en el centro-norte, y las instalaciones propuestas al este.

Todo ello podría estar complementado, según Díaz Guirado, con el mantenimiento del actual Carlos Haya, edificio cuya desaparición fue descartada por el equipo de gobierno. "No permitiremos que se demuelan los actuales edificios", comentó y apuntó que si finalmente la Administración autonómica impulsa la creación del megahospital y opta por prescindir del uso sanitario de las presentes instalaciones, las mismas podrían ser destinadas a materia cultural y equipamiento social. Con ello volvió a cerrar el camino abierto en su día por la Junta para financiar parte de este proyecto con las plusvalías resultantes de la recalificación de los suelos para uso residencial.

En el debate de esta iniciativa, que se sumó a otra presentada por IU, en la que se defendía el tercer hospital, llamó la atención la posición del PSOE. Los ediles socialistas avalaron el punto de la moción del PP en la que se ofrecía a la Junta colaboración para buscar "la mejor ubicación posible" para el nuevo Carlos Haya, mensaje que entra en contradicción con la decisión, al parecer, ya adoptada por el Gobierno andaluz de emplazarlo en Lagar de Oliveros.

En el Pleno de ayer, el equipo de gobierno también sacó adelante un punto por el que se declaró de interés general la instalación de la Clínica Quirón junto al Martín Carpena, hecho que aprovechó la delegada del Gobierno andaluz, María Gámez, para criticar la posición del Ayuntamiento y denunciar que su modelo pasa por "facilitar la construcción de hospitales y clínicas privadas, en vez de facilitar la ubicación en la ciudad de equipamientos públicos de calidad".

De otro lado, el Pleno, que tuvo que ser suspendido temporalmente hasta en cuatro ocasiones, una de ellas por la protesta de los taxistas asalariados, aprobó, con los votos del PP e IU y la negativa del PSOE, instar a la Junta a eliminar las aulas prefabricadas que hay en algunos colegios, con hasta 30 años de antigüedad. Asimismo, el PP reclamó la demolición el prefabricado del Colegio de San Rafael y la ejecución de instalaciones de nueva construcción para el próximo curso 2009-2010. Este punto sí contó con el visto bueno del PSOE.

Los grupos también dieron luz verde al presupuesto municipal de 2009 y a la publicación en la página web del Consistorio de las declaraciones de bienes de los concejales.

Torremolinos construirá 200 VPO en la zona de El Pozuelo. Torremolinos (La Opinión)

El convenio permite recuperar un solar en el centro para el Museo de Historia y liberar 25.000 metros cuadrados para ampliar la Villa Deportiva y Recreativa

CARMEN FERNÁNDEZ. TORREMOLINOS El pleno ordinario de la corporación municipal de Torremolinos aprobó ayer -con la abstención de PSOE e IU- el plan parcial de El Pozuelo, que contempla la construcción de 700 viviendas, de las cuales 200 serán de protección oficial, una vez recibido el informe favorable de la comisión provincial de Urbanismo.
El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, recordó que el acuerdo urbanístico vinculado al desarrollo del plan parcial permite al Ayuntamiento recuperar la propiedad de importantes solares en el centro de la ciudad, como un solar en la plaza Pablo Ruiz Picasso que permitirá la construcción del futuro Museo Histórico de Torremolinos.
Asimismo, el convenio contempla liberar una parcela de 25.000 metros cuadrados que permitirá la ampliación de la Villa Deportiva y Recreativa, en su zona norte, desbloqueándose la posibilidad de construir las viviendas mencionadas. El alcalde acusó a la oposición de oponerse sistemáticamente a este convenio desde hace cuatro años y medio, cuando el desarrollo del plan parcial supondrá un ingreso de 5,2 millones de euros para el Ayuntamiento de Torremolinos.
En el transcurso del pleno se desestimaron las alegaciones del concejal de IU, Félix Martín Carro, contra los presupuestos para 2009, en base al informe emitido por la Intervención Municipal, lo que supone la aprobación definitiva de las cuentas para este año.
En la sesión también se aprobaron las modificaciones de la ordenanza reguladora del precio público del servicio de agua y de la ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de saneamiento.
Mociones. El grupo municipal socialista presentó una moción para que el Consistorio realice una apuesta decidida para promocionar la localidad a través de internet. El portavoz del PSOE, Juan Ortuño, criticó que el portal del Ayuntamiento de Torremolinos no ofrezca información en inglés, "cuando la totalidad de los ayuntamientos del entorno prestan este servicio". La moción, rechazada por el PP, pretendía modernizar la web municipal y que ofrezca contenidos en inglés y francés.
Los socialistas también presentaron otra moción al pleno para que la ciudad promocione el turismo gay. Según Juan Ortuño, sería bueno diseñar campañas de promoción turística para captar a este segmento de población, a lo que el alcalde respondió de manera negativa.
En el apartado de ruegos y preguntas, el portavoz del PSOE incidió en la necesidad de crear una comisión de control sobre las actuaciones de las empresas adjudicatarias de las obras del Fondo Estatal de Inversión Local y del plan andaluz ´Proteja´.

El Gobierno quiere ´hacer compatible la actividad de los chiringuitos con la legalidad´ (La Opinión)

La ministra de Medio Ambiente asegura que si no se consigue "alcanzar el acuerdo entre ambos factores se estará hipotecando el futuro del litoral"

LA OPINIÓN. ISLANTILLA (HUELVA) La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, manifestó ayer que su departamento trabajará para compatibilizar la actividad económica de un sector como es la de los chiringuitos de playa, con la legalidad y la preservación de la costa andaluza.
En declaraciones a los periodistas después de clausurar el III Congreso de la Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias (FAECA) que se celebró en Islantilla (Huelva), Espinosa aseveró que en este tema su Ministerio trabajará como ha venido trabajando en los últimos cinco años, "haciendo compatible esta actividad económica importante en Andalucía con el respeto a la ley y con la preservación de una de las riquezas más importantes de esta comunidad, que es la costa".
La ministra consideró que "si no somos capaces de alcanzar la compatibilidad entre estos factores estaremos hipotecando el futuro", por ello insistió en que se tratarán de buscar soluciones que tiendan a ello.
Junta de Andalucía. También expresó su confianza en que este asunto se resolverá "como ya lo hemos hecho con otros temas complejos". Chaves ya propuso el miércoles en la inauguración de este mismo congreso la creación de una mesa de negociación entre la Administración, el Gobierno central y los chiringuitos de playa "para dar solución" a su adaptación a la Ley de Costas, exigida por el Gobierno.
El presidente andaluz defendió así que se haría "desde el punto de vista de la Junta de Andalucía, desde las condiciones de calidad y excelencia".
Por otra parte, preguntada sobre la censura realizada ayer por el Parlamento Europeo sobre los abusos del desarrollo urbanístico español, Espinosa declinó valorar el asunto al entender que se trata de aspectos que son "competencia exclusiva de ayuntamientos y comunidades autónomas".

La Junta rechaza otra vez el plan del Astoria por exceso de altura (La Opinión)

La decisión impedirá ubicar en el edificio la ampliación de la Fundación Picasso. La constructora, harta de la pugna

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA La Junta de Andalucía ha rechazado el nuevo proyecto presentado por el Ayuntamiento de Málaga para elevar a cinco plantas el bloque de viviendas previsto en el solar de los cines Astoria y Victoria, lo que frustra definitivamente la intención municipal de integrar la ampliación de la Fundación Casa Natal de Picasso en los bajos del futuro edificio.
Según explicó el delegado provincial de Cultura, Manuel Jesús García, la negativa de la administración, efectuada a través de la Comisión de Patrimonio, responde a la falta de adecuación de la propuesta a la altura recomendada, que se fija en una máximo de cuatro plantas para evitar distorsiones con el entorno. García apoya la decisión en el impacto visual que comportaría la autorización del proyecto, que, en su opinión, obstaculizaría la contemplación del conjunto monumental formado por La Alcazaba y Gibralfaro.
Un extremo que recusa el edil de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Díaz, que asegura que la propuesta, modificada en los últimos meses, se ajusta a los requisitos exigidos por la Junta. En este sentido, aclara que la iniciativa condensa las polémicas cinco plantas en una altura semejante a la establecida para cuatro.
Díaz se mostró profundamente decepcionado por la resolución de la Junta, que, a su juicio, desbarata el trabajo técnico del Consistorio y priva a la ciudad de una oportunidad "histórica" para aumentar la oferta cultural a coste cero. "No queremos ser malintencionados y pensar que la Junta no quería que se ampliase la Casa Natal de Picasso, pero no lo entendemos", señaló.
A este respecto, el delegado de Cultura insistió en la necesidad de desligar la iniciativa cultural del proyecto de viviendas, "que no tiene nada que ver ya que el Ayuntamiento está pensando en una ampliación más lógica, en el edificio anejo a la Fundación", adujo.
La decisión de la Administración autonómica compete también a la constructora, el Grupo Baensa, que tras dos años y medio de espera comienza a desesperarse. El portavoz de la empresa, Agustín del Pozo, aseveró ayer a este periódico que las diferencias entre la Junta y el Ayuntamiento han supuesto un gran perjuicio para la entidad. "Llevamos muchos meses pagando los intereses de uno de los suelos más caros de Málaga y sin poder construir", precisó.
Del Pozo arremetió contra el Ayuntamiento por no haber consultado a la Junta antes de presentarles su propuesta, que incluía, entre otros aspectos, la cesión gratuita de los bajos del edificio a cambio de la posibilidad de construir más plantas de las previstas inicialmente. "Llevamos seis meses esperando la licencia de obra para empezar, al menos, con los aparcamientos", dijo.

El Ayuntamiento propone construir el macrohospital en el Materno y en el Civil (La Opinión)

El PP sigue apostando por un tercer centro en la zona Este, rechaza la demolición del Carlos Haya y ofrece colaboración a la Junta para lograr una mejor situación

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El equipo de gobierno realizó ayer una contraoferta a la propuesta de la Junta de Andalucía de levantar un macrohospital en la capital y aprovechó el pleno del Ayuntamiento para lanzar su nueva proposición, que pasa porque el gran hospital se construya utilizando el Civil y el Materno y ampliando lo que sea necesario en los suelos que ambos centros tienen vacíos; además el PP considera necesario "un tercer hospital" en la zona Este por ser el distrito con menos servicios sanitarios.
Ello pasaría, según las explicaciones ofrecidas por el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, por el mantenimiento del Hospital Clínico y también del Carlos Haya, si bien en este último caso, explicó Díaz, "si la Junta se empeña en eliminar su condición de hospital, que se utilice para instalaciones culturales o sociales; nunca que se derriben".
La propuesta se transformó en acuerdo de pleno por la mayoría de los votos del PP, si bien en el texto aprobado no se habla de utilizar las instalaciones del Civil y del Materno y sí de "ofrecer a la Junta la máxima colaboración para decidir la mejor ubicación posible del nuevo Carlos Haya y toda la colaboración posible en la consecución de los suelos necesarios".
El concejal de Urbanismo pidió que sean las mesas de trabajo las que vean cuál es la mejor ubicación, y al respecto indicó que hay previsto un encuentro con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) después de Semana Santa, al que invitó a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
En cuanto a la financiación, el PP no ve oportuno que el dinero salga de las plusvalías que generen los suelos dejados por el Carlos Haya, ya que rechaza su demolición. Por ello, el Partido Popular rechazó la construcción de viviendas en esta zona como pretende el Gobierno andaluz, lo que la "masificaría" aún más. Para el PP, la ubicación propuesta por la Junta de Andalucía en Soliva Norte "queda muy desplazada de los llamados espacios del centro de gravedad de Málaga y su conurbación", dijo el concejal.
Por su parte, IU presentó también una moción sobre el tercer hospital, en la que se solicitó instar a la Junta y al equipo de gobierno a que colaboren para conseguir este equipamiento en la zona Este, que es la que presenta "más déficit" de instalaciones sanitarias, "sin que esto implique aceptación alguna de construcciones por encima de la ronda Este" y siempre que se respete la continuidad del actual complejo Carlos Haya, aunque perfeccionando su estructura. Este punto, sin embargo, fue rechazado por el pleno.

El PP se presenta como acusación particular en la causa de Alcaucín (La Opinión)

Entregó ayer a la jueza un informe que, presuntamente, demuestra que los socialistas "miraron hacia otro lado"
El Partido Popular presentó ayer finalmente los documentos que presuntamente demuestran que los socialistas conocían las irregularidades urbanísticas que se investigan dentro de la operación ´Arcos´, en el municipio de Alcaucín. Fue precisamente el portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien señaló que la trama afecta "muy de lleno" a la institución supramunicipal, razón por la que su partido se ha presentado como acusación particular en la causa.
Según el propio Salado, los escritos entregados a la jueza corresponden a las denuncias efectuadas por un militante del PSOE ante la anterior ejecutiva socialista y remitidas a los cargos de Marisa Bustinduy, Francisco Fernández España o Luis Reina. "Este militante transmitió su miedo por lo que estaba ocurriendo en Alcaucín y por las consecuencias para el partido en caso de que el escándalo estallase", explicó el popular, quien añadió que esta persona pidió que el ex alcalde, ahora detenido, no fuera candidato a la alcaldía de Alcaucín en las pasadas elecciones municipales.
Tras lo que Salado calificó como una "callada por respuesta", aseguró que el comité regional de ética del PSOE llegó a hacerle a su militante "una amenaza velada", argumentando que una de las competencias del comité es "velar por la honorabilidad y el patrimonio del partido, que son las personas que lo representan". Por tanto, Salado apuntó a la necesidad de exigir responsabilidades políticas a los cargos provinciales y regionales del PSOE "porque sabían lo que estaba ocurriendo y miraban para otro lado". "Es muy grave que se estén cometiendo irregularidades urbanísticas y que un partido mire hacia otro lado por tener una cuota de poder y una alcaldía, y no defender la legalidad urbanística de una zona de la Axarquía", sentenció el portavoz popular.

Consejería. En el frente contrario tomó la palabra el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien garantizó que la Administración autonómica ha actuado "ante todas las denuncias sobre las supuestas irregularidades urbanísticas". Además, para responder a la pregunta que le realizaba el popular Francisco Delgado, el consejero explicó que el Gobierno andaluz planteó veinte denuncias, hubo seis informes ante la Fiscalía y fueron impugnados hasta 29 acuerdos municipales desde 2005.

Varapalo de la Eurocámara al descontrolado urbanismo español (Málaga Hoy)

El Parlamento europeo aprueba por abrumadora mayoría un informe crítico con las regularizaciones de viviendas de Marbella y que propone retirar las ayudas de la UE a España por no atajar los abusos

Con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones aprobó ayer el Parlamento Europeo el informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario defendido por la parlamentaria de Los Verdes Margrete Auken. En el documento se solicita la congelación de los fondos comunitarios que se destinan a España en el caso de que no se resuelvan los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por los ciudadanos.

De las 12 peticiones remitidas desde Andalucía, 6 hacían referencia a la Costa del Sol, y más concretamente a Marbella y Estepona. En el primero de los casos se pone en entredicho la legalización de "decenas de miles de viviendas irregulares a través de un nuevo PGOU que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general", mientras que en Estepona, las denuncias versan sobre el cobro de cargas urbanísticas "excesivas".

A pesar de que el documento aprobado ayer solicita la congelación de los fondos europeos para España, tanto el PSOE como el PP se muestran escépticos con la puesta en marcha de esta medida. El europarlamentario del PP José Manuel García-Margallo, aseguró que "la privación de fondos es radicalmente imposible", si bien señaló que, aunque no habrá consecuencias legales para España, se daña la imagen del país al presentarlo como "una especie de república bananera en la que la gente puede robar su propiedad sin posibilidad de un recurso judicial efectivo".

Frente al voto en contra de los populares españoles, los eurodiputados del PSOE se abstuvieron en la votación de este punto "por respeto a las opiniones críticas" de los ciudadanos a partir de las cuales se ha realizado el informe, según explicó la eurodiputada socialista Inés Ayala, que lanzó un mensaje de tranquilidad respecto a la congelación de fondos ya que, según explicó, "en otras ocasiones en las que el Parlamento ha intentado congelar fondos a algún país, la comisión de Presupuestos de la institución "lo ha rechazado".

En contraposición al posicionamiento de los eurodiputados españoles del PP y del PSOE destaca la de sus compañeros en el parlamento. Desde el grupo popular el británico, Martin Callanan dio su voto favorable al texto "porque aquí ha habido un escándalo de corrupción y el gobierno español tiene que actuar" a lo que añadió que lamentaba "los excesos de algunos diputados que parecen encubrir estas prácticas". Por su parte el miembro del grupo socialista por Reino Unido Peter Skinner aseguró que con este documento "se va a arrojar luz contra algo oscurantista", a lo que añadió que esperaba que "la comisión y el Gobierno español puedan solucionar este problema".

El informe también hace referencia a la Ley de Costas, de la que dicen "afecta desproporcionadamente a los propietarios particulares de bienes mientras que no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables, en muchos casos, de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas". El texto propone "suspender y revisar" todos los planes urbanísticos nuevos que no garanticen el respeto por la propiedad y el medio ambiente. Actualmente tanto Estepona como Marbella se encuentran revisando sus planes generales. En el caso del esteponero, se ha aplazado la elaboración del nuevo documento para trabajar en la adaptación del PGOU vigente, el de 1994, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Preguntada sobre la censura del Parlamento Europeo a los abusos del desarrollo urbanístico español, la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, declinó valorar el asunto al entender que se trata de aspectos que son "competencia exclusiva de ayuntamientos y comunidades autónomas".

La ministra rectifica y aboga por hacer "compatibles" los chiringuitos y la ley (Málaga Hoy)

Espinosa mantiene que hay que garantizar la preservación de las costas andaluzas

La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, salió ayer al paso de las críticas del sector y de la petición del presidente de la Junta, Manuel Chaves, y afirmó que su departamento trabajará para compatibilizar la actividad económica de un sector como es la de los chiringuitos de playa, con la legalidad y la preservación de la costa andaluza.

En declaraciones a los periodistas y rectificando la postura expresada por el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, el lunes en Málaga en una reunión con los subdelegados de las provincias andaluzas con costa, Espinosa aseveró que en este tema su Ministerio trabajará como ha venido trabajando en los últimos cinco años, "haciendo compatible esta actividad económica importante en Andalucía con el respeto a la ley y con la preservación de una de las riquezas más importantes de esta comunidad, que es la costa".

La ministra consideró que "si no somos capaces de alcanzar la compatibilidad entre estos factores, estaremos hipotecando el futuro", por lo que insistió en que tratarán de buscar soluciones que tiendan a ello.

También expresó su confianza en que este asunto se resolverá como ya lo han hecho "con otros temas complejos". Las palabras de la ministra se produjeron el día siguiente a que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, tomara cartas en el asunto y se posicionara a favor del mantenimiento de los chiringuitos, que emplean a 40.000 personas en la región.

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga también se sumó a la polémica iniciada por las contundentes declaraciones del alto cargo ministerial y aprobó ayer instar al Ministerio de Medio Ambiente a que permita las concesiones de chiringuitos en la zona de dominio público marítimo-terrestre. En una moción urgente del PP, apoyada por PSOE y en la que se abstuvo IU, se demandó al Gobierno y a la Junta de Andalucía que se reconozca el chiringuito como "elemento singular, que por su naturaleza exige ser ubicado en la zona de dominio público marítimo-terrestre". La concejala de Playas, Teresa Porras, negó que haya impedimento legal para mantener estas instalaciones en la arena y denunció la "amenaza continua" que desde el PSOE se ejerce sobre los propietarios de estos negocios. El portavoz socialista, Rafael Fuentes, mostró su apoyo al sector, aunque matizó que sería necesario analizar la situación legal de cada instalación, algo en lo que se mostró de acuerdo el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes.

Empresarios proponen al Consistorio solicitar un crédito para arreglar el polígono industrial de Castillo Alto. Nerja (SUR)

La AEN apuesta por pedir el préstamo para reparar los viales y revitalizar la zona

La Asociación de Empresarios de Nerja (AEN) ha propuesto al Ayuntamiento la solicitud de un préstamo para reparar los viales del polígono industrial de Castillo Alto, al norte del término municipal. La propuesta pretende que el Consistorio tramite el préstamo, que sería avalado por los propios negocios de la zona, en la que operan alrededor de 150 empresas.
El presidente de AEN, Gabriel Broncano, recordó que el polígono industrial presenta un estado «lamentable «en la mayoría de sus calles, sin saneamiento ni alumbrado, y un pavimento muy deteriorado por el paso de los años. «Aunque son parcelas privadas, el Ayuntamiento es el promotor del polígono, por lo que nos parece adecuado que sea él quien solicite el préstamo», argumentó Broncano, quien recordó que esta zona «es la fachada de Nerja, porque está justo a la entrada desde la autovía».
«Sería muy conveniente acometer las mejoras, ya que permitirían revitalizar la zona», agregó el presidente de la AEN, que anunció que el próximo martes mantendrá un encuentro con los empresarios para analizar la situación. «La inversión necesaria sería muy alta, de unos cinco millones, por lo que los negocios no tienen capacidad para conseguir un crédito así», consideró, al tiempo que insistió en que el Ayuntamiento recuperaría este dinero en un plazo de ocho años, ya que les giraría las cuotas de urbanización. «Es un asunto que lleva muchos años pendiente, ya que el proyecto de urbanización se aprobó hace ya bastante tiempo», dijo.

Un total de 35 empresas presentan ofertas para ejecutar la obra el Centro de Salud de La Cala (SUR)

Un total de 35 empresas de España y Portugal han presentado ofertas con la intención de ejecutar las obras de construcción del centro de salud de La Cala del Moral. Asimismo, otras 15 han concurrido al concurso de licitación del Museo de Artes Marineras y dependencias municipales de Torre de Benagalbón, según el Ayuntamiento.
Ambos proyectos cuentan con un presupuesto inversor de 3,4 millones de euros que serán financiados a través del Fondo Estatal de Inversión Local. Las ofertas pasarán a la fase de estudio para ser valoradas en base al pliego de condiciones por parte de los técnicos municipales.
El centro de salud se levantará sobre una parcela municipal de unos 1.000 metros cuadrados situada en la calle Chambel, donde se edificarán dos plantas, primera y segunda, y una planta baja semisótano. El equipamiento sanitario, que cuenta con una inversión de 2,9 millones de euros, prevé la ocupación de 120 desempleados del municipio. El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses.
Museo
Otras 15 sociedades privadas se han presentado con la intención de hacerse con la adjudicación de las obras del Museo de Artes Marineras que se ejecutará mediante la reforma de un antiguo edificio denominado 'Casa de Peones Camineros'.
El objetivo del proyecto es crear un espacio para la exposición de legados de artes del mundo marino y para el fomento de la cultura tradicional del municipio. El plazo de ejecución de la obra es de ocho meses, y su presupuesto de 399.964,36 euros.

Frigiliana prevé aprobar su primer PGOU antes del verano (SUR)

El Consistorio prepara un texto con 250 nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Frigiliana está trabajando en la elaboración de su primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento que se está consensuando con la Junta para que no vuelva a repetirse el rechazo de 2007 a un primer texto ya presentado. El futuro plan contemplaría un máximo de 250 nuevas viviendas, en la zona del casco urbano, en los bancales junto a la circunvalación, así como nuevos equipamientos como un polígono industrial -en el límite con Nerja-, un real para la feria, un nuevo cementerio, en el Monte Ariza; y un acceso peatonal y rodado al casco histórico por la zona norte, por el llamado Pozo de Liza.
El objetivo del equipo de gobierno del PA es que este primer PGOU pueda ser aprobado en pleno, de forma inicial, antes del verano, y se completen los trámites para su aprobación definitiva antes de final de año, según avanzó ayer el concejal de Urbanismo, Francisco Moyano (PA), quien explicó que, paralelamente, están trabajando en una adaptación de las normas subsidiarias en vigor a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). «Estamos trabajando y consultándolo todo con la Junta», apuntó el edil frigilianense.

El Ayuntamiento incentiva la construcción de VPO con la rebaja del 90% en la tasa urbanística. Rincón de la Victoria (SUR)

La propuesta ha sido aprobada en pleno con el apoyo de todos los grupos municipales

El pleno del ayuntamiento de Rincón de la Victoria aprobó ayer por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las licencias de obras con la intención de impulsar las construcciones de viviendas de promoción oficial (VPO), a propuesta del equipo de gobierno (PSIRV y PSOE).
Entre las modificaciones aprobadas, se encuentra una reducción de hasta el 90 por ciento de la tasa por actuaciones urbanísticas y del 50 por ciento en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), siempre que se traten de promociones de VPO. Con la nueva ordenanza, los promotores pagarán sólo el 10 por ciento de la tasa urbanística y la mitas del ICIO.
El alcalde, Salvador Domínguez, dijo que con esta iniciativa se quiere impulsar la construcción de viviendas sociales, tan demandadas en el municipio. El edil de Urbanismo, José Domínguez, por su parte dijo que la propuesta supone un aliciente más para se pongan en marcha un mayor número de promociones. «Se trata de adaptar las políticas sociales a la situación de crisis económica y financiera en la que nos encontramos inmersos», explicó el gobierno.

Las 49 viviendas que Emvipsa construye en la Azucarera se entregarán a mediados de 2010. Vélez-Málaga

Los 500 metros de local comercial del edificio serán para la nueva guardería de Torre del Mar
La Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga (Emvipsa) podrá hacer entrega de las llaves de las 49 Viviendas de Protección Oficial (VPO), que construye en la zona de la Azucarera de Torre del Mar, a sus adjudicatarios a mediados del próximo año 2010. Así lo han anunciado durante su visita a las obras la alcaldesa, María Salomé Arroyo (PSOE), y el consejero delegado de Emvipsa, Salvador Marín (IU).
Arroyo ha explicado que las obras de ejecución finalizarán en los próximos meses y ha recordado que la promoción consta de 27 viviendas de tres dormitorios y 22 de dos habitaciones. Todas están doatadas de trastero y aparcamiento vinculado.
Además ha anunciado que los locales comerciales de esta promoción albergarán la nueva guardería municipal de Torre del Mar, lo que permitirá que estas instalaciones se trasladen desde su actual ubicación.
La superficie de la nueva guardería municipal de Torre del Mar será de unos 500 metros cuadrados, más otros 250 de patio.
El presupuesto, incluidos en los fondos del Plan Zapatero, asciende a los 380.000 euros y está previsto que las obras concluyan a finales de este año.
Por su parte, el consejero delegado de Emvipsa, Salvador Marín, ha hecho hincapié en que la prioridad del equipo de gobierno en el Ayuntamiento veleño es la construcción de viviendas de protección oficial y para ello «se están estudiando posibles alternativas con promotores privados para la construcción de este tipo de pisos y facilitar el acceso de los jóvenes y personas de recursos limitados a una vivienda».
Calificación
Recientemente han obtenido la calificación provisional de la Junta de Andalucía otra promoción municipal de 38 VPO, por lo que Emvipsa podrá hacer entrega de las viviendas a las familias beneficiarias en breves fechas, salvados los trámites necesarios para escriturar dichos inmuebles.
Según Marín, Emvipsa ha construido los inmuebles con materiales de primera calidad y teniendo en cuenta las necesidades reales de los adjudicatarios, principalmente jóvenes, que acceden por primera vez a una vivienda en propiedad.
La promoción consta de 29 viviendas de tres dormitorios y nueve pisos de dos dormitorios, con trastero y aparcamiento. Asimismo, el edificio cuenta con cinco plazas de garaje sin vinculación a viviendas y un local comercial.
El precio medio de las viviendas ronda los 114.283,558 euros mientras que las dimensiones de los pisos van desde los 55,54 metros cuadrados, el más pequeño, y 79,49 metros cuadrados el que cuenta con mayor superficie útil.
La ejecución material del edificio de estas 38 viviendas ha ascendido a los 2.732.786,29 euros, según el Ayuntamiento.

La justicia da al Ayuntamiento una semana para desalojar el Ovoide. Benalmádena (SUR)

La orden de desahucio del Centro Formación Permanente está fijada para el 2 de abril tras declarar un juez la resolución del contrato de arrendamiento El propietario reclamaba 1,5 millones por el edificio después de que la anterior Corporación no ejerciera la opción de compra por 180.000 euros
CRONOLOGÍA
9 de enero de 1997: El Ayuntamiento firma un contrato de arrendamiento con el propietario del edificio Ovoide por diez años a razón de 6.000 euros mensuales y una opción de compra.
9 de enero de 2007: Finaliza el contrato. Ya fuera de plazo, el entonces alcalde, Enrique Bolín, ordena pagar las mensualidades que se debían y ejercer la opción de compra, por 180.000 euros. El dueño lo rechaza al haber vencido el contrato y reclama 1,5 millones por el edificio.
24 de abril de 2007: Jesús Serafín Mayoral interpone una demanda de desahucio contra el Ayuntamiento.
30 de julio de 2007: Celebración del juicio.
30 de enero de 2008: El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torremolinos declara resuelto el contrato de arrendamiento y condena al Ayuntamiento a desalojar el Ovoide. Sin embargo, ambas partes acuerdan que el inmueble se siga usando como centro de formación hasta que los tribunales resuelvan definitivamente la demanda.
17 de octubre de 2008: La Audiencia Provincial de Málaga desestima el recurso presentado por el Consistorio.
2 de marzo de 2009: El Juzgado Decano de Torremolinos fija para el 2 de abril a las 10.00 horas la fecha en la que el edificio debe ser desalojado.
Día 2 de abril a las 10.00 horas. Ése es el plazo que un juzgado de Torremolinos ha dado al Ayuntamiento de Benalmádena para que desaloje el edificio Ovoide. No hay más margen de maniobra ni más negociaciones de por medio. El emblemático inmueble del Paseo del Generalife de Arroyo de la Miel, que durante años se ha venido usando como centro municipal de formación, volverá a manos de su propietario, algo que lleva reclamando desde enero de 2007, cuando venció el contrato de arrendamiento suscrito entre ambas partes. El actual equipo de gobierno está trabajando contra el reloj en busca de una salida que evite el traslado, aunque se antoja complicada.
La orden de desahucio, a la que ha tenido acceso este periódico, fue dictada el pasado 2 de marzo y llega después de que la Audiencia Provincial desestimara en octubre de 2008 el recurso presentado por el Consistorio contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torremolinos en la que se declaraba resuelto el contrato y se condenaba al Ayuntamiento a dejar libre el edificio.
El propietario, con domicilio en Badajoz, interpuso la demanda en 2007, después de que el Consistorio le adeudara varias mensualidades acordadas en el contrato de arrendamiento, suscrito en 1997 por un periodo de diez años a razón de 6.000 euros mensuales. El acuerdo contemplaba una opción de compra durante ese periodo, cuyo precio sería el que resultara de deducir a 900.000 euros, más IVA, las cantidades abonadas hasta la fecha, que por entonces ascendían a 720.000 euros. La opción de compra debería notificarse con un mes de antelación a su vencimiento. Sin embargo, no fue hasta ya cumplido el plazo cuando el entonces alcalde, Enrique Bolín, ordenó pagar esas deudas y la cantidad prevista en el contrato (180.000 euros), algo que Jesús Serafín Mayoral, el dueño del edificio, rechazó de plano.
De este modo, la nueva Corporación surgida de las elecciones de mayo de 2007 dos meses después con una orden de desahucio y con la obligación de abonar 1,5 millones de euros para poder seguir utilizando las dos plantas del inmueble. Pese a ello, el Ovoide ha seguido albergando las actividades formativas organizadas hasta la fecha en virtud de las negociaciones llevadas a cabo por el alcalde de la ciudad, Javier Carnero. A nivel político, en enero de 2008 se constituyó una comisión de investigación -con los votos favorables del equipo de gobierno (PSOE, IU y los entonces ex concejales de MPB), la abstención de PP e IDB y la oposición del GIB- para aclarar los motivos por los que no se ejerció la opción de compra y depurar las responsabilidades oportunas sin que, de momento, se haya sabido nada.

Muñoz defiende la legalidad del préstamo a la entidad urbanística que preside. Manilva (SUR)

La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, defendió ayer la legalidad y transparencia de la transferencia de 40.000 euros que se ha hecho desde el Ayuntamiento a la entidad urbanística privada El Hacho, que ella preside. La regidora aseguró que esta cantidad se va a destinar a abonar las mensualidades de los trabajadores de esta entidad, que llevan siete meses sin percibir su salario.
El PSOE denunció el pasado miércoles estos hechos y consideró que se podía tratar de un presunto delito de malversación de fondos públicos. «Hemos hecho lo correcto adelantando el dinero», dijo Muñoz, que indicó que cuando el Patronato de Recaudación gestione el cobro de impuestos, remitirá este dinero y el Consistorio lo guardará a cuenta de lo anticipado. Muñoz aclaró además que preside dicha entidad urbanística por ser la regidora, pero aseguró no tiene propiedades en la zona.

El PSOE anima a los vecinos a presentar alegaciones contra el Plan de Benahavís. Marbella (SUR)

El Grupo Municipal Socialista presentará en los próximos días alegaciones a los planes urbanísticos de los municipios vecinos de Benahavís y Ojén basándose en el último informe de la Junta de Andalucía que rechaza el expediente de deslinde iniciado por el Ayuntamiento de Marbella respecto a la primera localidad. La portavoz socialista, Susana Radío, anunció que el partido iniciará una campaña en la ciudad para animar a los vecinos a que presenten sus alegaciones a título individual a fin de recuperar lo que consideran suelo del término municipal de Marbella.
La modificación del Plan General de Benahavís tras la protección arqueológica de la Junta del yacimiento 'Cerro Colorao' viene a confirmar el expediente iniciado por Marbella recurrido por el PSOE y ha abierto nuevamente la caja de pandora. Ahora, con el último informe de la Consejería de Gobernación de 6 de marzo en la mano, los socialistas piden nuevamente explicaciones a la primera edil, Ángeles Muñoz, sobre las modificaciones que, a su juicio, se han introducido tanto el PGOU de Benahavís como el de Marbella. El documento, firmado por el director general de Administración Local de la Consejería, Manuel Zafra, subraya que los límites entre municipios son «inamovibles» porque «ya están definidos».
Según el concejal socialista Javier de Luis el nuevo planeamiento de Benahavís, aún provisional. aumenta la edificabilidad y el volumen de viviendas además de incorporar más metros cuadrados de suelo al pueblo vecino.

Martín Reyes critica a la Junta por dejar que se desvirtúe el PGOU (SUR)

El ex presidente de la gestora lamenta que no se persiga a quienes se lucraron con el caos urbanístico

El abogado Diego Martín Reyes, que fue presidente de la gestora del Ayuntamiento de Marbella entre abril de 2006 y junio de 2007, criticó ayer a la Junta de Andalucía por permitir que se desvirtúe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se tramita. Martín Reyes hizo estas declaraciones en el marco de las segundas jornadas de legalidad territorial y ambiental que se celebran en Lanzarote, donde pronunció una conferencia.
El abogado dijo en relación a la tramitación del PGOU que la Junta practica una «política contemplativa para recuperar electorado». No fue la única institución a la que criticó. También al Ayuntamiento. Según el abogado, una vez aprobado inicialmente el Plan General «se desencadenó una maniobra a favor de los compradores» de las edificaciones para que no cargasen con las consecuencias de las ilegalidades. Frente a esto, apuntó que «se podría haber perseguido a promotores, políticos y funcionarios».
El ex presidente de la gestora explicó que el documento urbanísticoincluía «un sistema de compensación» para 18.000 viviendas que permitiría su regularización a cambio de que se cediese al patrimonio municipal 1,8 millones de metros cuadrados para la construcción de equipamientos y viales.
Plato fuerte
La conferencia de Martín Reyes se convirtió en el plato fuerte de la jornada de ayer, en la que desgranó la situación del Ayuntamiento de Marbella que llevó a la disolución de la Corporación municipal por orden del Gobierno central en marzo de 2006. Martín Reyes aseguró en el marco de esas jornadas que tuvo que «reconstruir» el aparato administrativo del Ayuntamiento cuando llegó.

Luz verde a un proyecto que contempla 200 VPO en Torremolinos (SUR)

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos acogerá por fin el proyecto de desarrollo de la parcela de 165.000 metros cuadrados de El Pozuelo (entre la villa deportiva y la autovía), donde está prevista la construcción de 700 viviendas, de las que un tercio serán de protección oficial (VPO). Así se reactivará una actuación que arrancó en 2004, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio por el que se embolsará 10,4 millones de euros (la mitad ya se ha cobrado), además de recuperar la propiedad de varios solares en el centro de la ciudad, donde se ubica la plaza Pablo Ruiz Picasso y donde se construirá el futuro Museo Histórico de Torremolinos, además de liberar una parcela de 25.000 metros cuadrados que permitirá la ampliación, en su zona norte, de la villa deportiva.

La falta de aparcamiento y la saturación de la zona desaniman a las oficinas del Centro (SUR)

Un informe de la consultora Aguirre Newman concluye que una de cada cinco empresas ubicadas en Málaga baraja en estos momentos la posibilidad de cambiar de oficina. Según dicho estudio, esta predisposición a mudarse es mayor entre las compañías con sede en el Centro Histórico, «por la saturación de la zona, la problemática del aparcamiento y porque buscan edificios e instalaciones mejorables en calidad y aprovechamiento», cita el documento.
La representante de la consultora en Málaga, María Monasterio. recuerda que esta voluntad de descentralización lleva ya años fraguándose, con la creación de núcleos empresariales como el Parque Tecnológico o la zona de Teatinos. A estos nuevos espacios se sumarán en breve el eje de la A-7 o el área del Puerto, «donde actualmente existen diversos proyectos interesantes», destaca Monasterio.
A juicio de esta experta, el Centro arrastra una serie de carencias, como son el estado de las instalaciones, la dotación de los edificios o el problema de estacionamiento, lo que podría generar «a medio plazo» la mudanza de muchas oficinas.

El PGOU ya sólo espera el visto bueno de la Junta (SUR)

El documento recibe los informes de otras administraciones que exigía el Gobierno andaluz para pronunciarse

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga ya está listo para someterse al dictamen de la Junta de Andalucía. Después de su aprobación provisional en el mes de agosto del año pasado, el Ayuntamiento lo remitió a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para que se pronunciara sobre el documento. Sin embargo, como adelantó este periódico (SUR 8/1/2009), la Junta exigió al Consistorio que estuvieran todos los informes que en segunda instancia debían emitir distintos organismos regionales y nacionales para que empezara a contar el plazo de cinco meses de que dispone la consejería para aprobar total o parcialmente el plan.
El último de estos informes llegó ayer a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Fuentes de este organismo explicaron que se trata de un análisis de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes que había exigido la propia Junta para contar con una opinión, no vinculante, sobre las superficies comerciales que se plantean para los futuros desarrollos residenciales.
«Ya está el expediente completo, así que mañana -por hoy- lo prepararemos y se lo mandaremos a la Junta, que probablemente lo recibirá el lunes», anunciaron las fuentes.
Al margen del de Comercio, los últimos informes que el nuevo PGOU ha recibido han sido los de la Dirección General de Aviación Civil, que implicará recortar la altura de algunas de las torres de pisos planteadas en zonas como Repsol o La Térmica para que no vulneren los campos aéreos de seguridad del aeropuerto, y de la Agencia Andaluza del Agua.
Según pudo conocer este periódico, este último informe, realizado por un departamento dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, exige la corrección de determinados deslindes de arroyos y recuerda la obligación de solicitar permiso a la Agencia para autorizar proyectos en terrenos atravesados por un río.
En ese sentido, advierte de que en su política está la no autorización de embovedados de arroyos ni de medidas de encauzamiento excesivamente drásticas.
Infraestructuras
Pero uno de los aspectos más significativos del informe de la Agencia Andaluza del Agua hace referencia a las infraestructuras tanto de abastecimiento como de depuración. Así, exige que se concrete más la ubicación, financiación y planes de ejecución de una desaladora que el PGOU propone para hacer frente a las necesidades de agua de la nueva población que supone el desarrollo del plan en la próxima década. Como informó este periódico (SUR 4/9/2008), el documento contempla una desaladora de agua del mar con capacidad para aportar 20 hectómetros cúbicos anuales y un coste de 57.983.000 euros, que deberán financiar los promotores privados con sus aportaciones al desarrollo urbanístico de Málaga.
Además, la Agencia del Agua también pide una mayor concreción en los proyectos de ampliación de las depuradoras del Guadalhorce y del Peñón del Cuervo, y en el de construcción de una nueva en el eje del Guadalhorce, junto al campo de golf de Santa Águeda.

El Ayuntamiento rescata el tercer hospital y plantea que el Materno y el Civil acojan el 'nuevo Carlos Haya'

El equipo de gobierno del PP baraja este emplazamiento y así se lo propondrá a la Junta, aunque se muestra abierto a la negociación

Nueva vuelta de tuerca en el debate abierto sobre la ubicación del futuro macrohospital. Apenas diez días después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, propusiera la zona de Soliva Norte -en las cercanías de Puerto de la Torre- como el lugar idóneo, el Ayuntamiento de la capital sorprendió ayer planteando, como uno de los posibles emplazamientos del denominado 'nuevo Carlos Haya', los terrenos libres situados junto a los actuales Materno y Civil. A esta propuesta se une el rescate de una reivindicación que parecía aparcada: la petición -respaldada en una moción por PP e IU y la abstención de los socialistas- a la Consejería de Salud de que se construya un tercer hospital en el Este de la capital.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, explicó que el Consistorio no se opone a un megahospital que unifique el actual Carlos Haya, el Materno y el Civil porque ofrece «ventajas», pero consideró que ello «no es incompatible» con la construcción de un tercer hospital en la zona este como reivindican ciudadanos y colectivos profesionales y sindicales.
Sobre la ubicación del macrohospital, el edil consideró que la propuesta de Chaves fue «un poco improvisada» y que los terrenos planteados por el Gobierno autonómico están «muy desplazados» de los centros de gravedad de la ciudad y a escasos minutos del Clínico. Por ello, entre las alternativas que baraja el Consistorio y pondrá sobre la mesa en las próximas reuniones con la Junta (previstas para después de Semana Santa) está la de que ese centro sanitario pueda situarse en los terrenos libres junto al Civil y el Materno. De este modo, según el mapa hospitalario dibujado por Díaz, la zona oeste de la capital quedaría cubierta con el Clínico Universitario, la este, con ese tercer hospital que se reivindica y la centro-norte, con el megahospital.
De estas posturas se desprende un cierto distanciamiento en las posturas de Gobierno autonómico y local. A pesar de ello, y tal y como se recoge en el texto de la moción presentada y aprobada por el PP, el Ayuntamiento ofrece a la Junta la colaboración «máxima» para decidir en un breve plazo la mejor ubicación posible del 'nuevo Carlos Haya', y toda la colaboración posible en la consecución de los suelos necesarios. Una vía de diálogo que respaldaron los socialistas.
Mantener los edificios
Lo que sí dejó claro Manuel Díaz es que el Consistorio se opone rotundamente a la demolición de los edificios hospitalarios que quedarían sin uso y la construcción de viviendas sobre esos terrenos como defiende la Junta, quien pretende financiar parte del megahospital con las plusvalías que se obtengan de esa operación. Para el concejal de Urbanismo, esos inmuebles deberían mantener algún tipo de utilidad sanitaria o destinarse a un uso social o cultural; sin embargo, no aclaró si el Ayuntamiento mantiene el ofrecimiento que en su día hizo el alcalde, Francisco de la Torre, al Ejecutivo autonómico de poner el dinero que se obtendría de la venta de esos terrenos, cifrado en 78,6 millones de euros, para evitar su derribo.
El futuro de las infraestructuras sanitarias centró la atención del pleno municipal en el que el PP dio luz verde a la consideración como de interés general la construcción del hospital privado Quirón en las inmediaciones del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.
Respecto a la postura del PP sobre el macrohospital, la reivindicación del centro en la zona este y la clínica privada, la concejala socialista Dolores Fernández acusó a los populares de defender un modelo de sanidad privada y de arremeter contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Unos argumentos en los que incidió la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, María Gámez, para quien el Ayuntamiento ha mostrado a todas luces cuál es su modelo de ciudad: «Apuesta por la sanidad privada y obstaculiza los equipamientos públicos»,
«Es curioso que declare de interés general la instalación de un equipamiento sanitario privado, mientras que se olvida del interés público, el de todos los ciudadanos, y relega la negociación sobre el nuevo hospital público que Málaga necesita», aseguró Gámez en un comunicado.
A su juicio, las opiniones y planteamientos del equipo de gobierno del PP sobre el macrohospital suponen «descartar» la propuesta que hizo la Junta de ubicar esta infraestructura sanitaria -en la que se invertirán 600 millones de euros, incluidos los equipamientos- en Soliva Norte. Una zona que defendió porque «está bien comunicada y con transporte público».
Favorable
Por su parte, el portavoz de IU en la Casona del Parque, Pedro Moreno Brenes, se posicionó a favor del tercer hospital en la zona este -presentó una moción en ese sentido-, pero sin que ello suponga la aceptación de construcciones por encima de la ronda de circunvalación.
Asimismo, dejó clara su postura sobre la necesidad de la continuidad del actual complejo Carlos Haya y consideró que el debate sobre el macrohospital contribuye a la confusión ciudadana y a la confrontación institucional.