La Junta de Andalucía tiene paralizado el proyecto desde hace medio año al considerar que el núcleo histórico requiere una protección especial Elaborarán un programa de infraestructuras que complementará al PGOU
Desbloquear el plan especial del casco antiguo para reactivar la concesión de licencias y elaborar un proyecto de desarrollo de infraestructuras son dos de las actuaciones vinculadas a la revisión del planeamiento que se pondrán en marcha de forma prioritaria. La primera de las actuaciones se encuentra paralizada desde hace medio año en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía como consecuencia de considerar que el centro urbano responde a los cascos con elementos que requieren una protección especial de la Ley del Patrimonio. «El conjunto de Estepona es típico andaluz con elementos aislados, pero que no merece en global esta protección máxima», consideró el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, que confió en reactivar en un tiempo breve la concesión de licencias. El crecimiento del casco histórico será limitado. «Lo deseable es que se mantenga como está», precisó el edil del área, que apuntó las zonas de Las Mesas, Saladavieja y la cooperativa como las áreas de expansión del núcleo urbano. InfraestructuraEl otro documento que se comenzará a elaborar en breve es el plan de desarrollo de infraestructuras para los suelos urbanos (en crecimiento) y los urbanos no consolidados (diseminados rurales). Se trata de pormenorizar los detalles técnicos que contempla el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este documento -que se confeccionará desde el Ayuntamiento- se deberá concluir al mismo tiempo que la aprobación definitiva del futuro planeamiento, según consideró Duarte. «El PGOU establece una previsión genérica y global de infraestructuras y saneamientos pero eso hay que desarrollarlo a nivel técnico», explicó el concejal de Urbanismo. Sobre el contenido del documento de aprobación inicial, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, reiteró que el texto contempla los acuerdos alcanzados con los vecinos de La Cala, El Padrón, la cooperativa agrícola y los diseminados rurales.
viernes, 29 de junio de 2007
Adjudican las obras para el segundo acceso al aeropuerto (SUR)
El enlace sur costará 36 millones, estará operativo en 2009 y pondrá fin a los atascos habituales en la zona del aeródromo También está en marcha la entrada norte desde la segunda ronda
Nueva entrada: Esta carretera de 1.940 metros y dos carriles por sentido es la alternativa al actual acceso al aeropuerto.Beneficiarios: Los más directos son los usuarios del aeropuerto (más de 13 millones el año pasado).Objetivos: Además de acabar con los atascos en la zona, los usuarios del aeropuerto ganarán seguridad, al no depender de que cualquier accidente u otro incidente bloquee la actual y única entrada.Recorrido: Parte de Guadalmar (A-7) y cruza la antigua N-340 al Este del puente del cercanías de Fuengirola, con una nueva estructura.
Tras más de una década de trámites y una espera demasiado larga que ha convertido la entrada al aeropuerto en un punto negro de atascos, hay por fin vía libre para las obras del acceso sur al recinto aeroportuario (MA-23), que -según desveló ayer el diputado socialista Miguel Ángel Heredia- se adjudicaron el 4 de junio a FCC por 36,8 millones de euros.Los trabajos, que el Ministerio de Fomento licitó en febrero por 49 millones y con un plazo de ejecución de nada menos que tres años, durarán finalmente 28 meses, por lo que este vial de casi dos kilómetros y dos carriles por sentido estará operativo en 2009. Los principales beneficiados serán los usuarios del aeródromo (13 millones en 2006), ya que la carretera será alternativa a la avenida García Morato.Y es que el actual acceso, que tiene la consideración de carretera nacional (N-348) por su importancia estratégica, comenzó hace más de un lustro un proceso de congestión que ha desembocado en su colapso crónico, con casi 40.000 vehículos diarios. Las congestiones se agravan además por las obras de ampliación del aeropuerto, que obligan a realizar frecuentes cambios en el tráfico.Agua y accidentesPor si fuera poco, esta entrada es única y cuando se producen en el trazado de la avenida García Morato episodios como la formación de balsas de agua por las lluvias y cauces próximos, accidentes o simples averías de camiones o autobuses, la entrada al aeropuerto se bloquea por completo.Respecto al trazado, el acceso sur partirá de las inmediaciones de Guadalmar, en la A-7, pasará por San Julián y cruzará mediante un puente la N-340, en paralelo y al Este de la estructura del cercanías que ya salva la carretera. Para ejecutar esta obra se expropiarán 45 fincas con una superficie total de 92.220 metros cuadrados, algunas de ellas en el citado polígono industrial.Esta infraestructura se complementará con el acceso norte (desde la segunda ronda de circunvalación). El pasado 22 de diciembre el Gobierno dio luz verde a la redacción del proyecto constructivo de este nuevo enlace, de 1,7 kilómetros y dos carriles por sentido, y que requerirá invertir 15,5 millones.
Nueva entrada: Esta carretera de 1.940 metros y dos carriles por sentido es la alternativa al actual acceso al aeropuerto.Beneficiarios: Los más directos son los usuarios del aeropuerto (más de 13 millones el año pasado).Objetivos: Además de acabar con los atascos en la zona, los usuarios del aeropuerto ganarán seguridad, al no depender de que cualquier accidente u otro incidente bloquee la actual y única entrada.Recorrido: Parte de Guadalmar (A-7) y cruza la antigua N-340 al Este del puente del cercanías de Fuengirola, con una nueva estructura.
Tras más de una década de trámites y una espera demasiado larga que ha convertido la entrada al aeropuerto en un punto negro de atascos, hay por fin vía libre para las obras del acceso sur al recinto aeroportuario (MA-23), que -según desveló ayer el diputado socialista Miguel Ángel Heredia- se adjudicaron el 4 de junio a FCC por 36,8 millones de euros.Los trabajos, que el Ministerio de Fomento licitó en febrero por 49 millones y con un plazo de ejecución de nada menos que tres años, durarán finalmente 28 meses, por lo que este vial de casi dos kilómetros y dos carriles por sentido estará operativo en 2009. Los principales beneficiados serán los usuarios del aeródromo (13 millones en 2006), ya que la carretera será alternativa a la avenida García Morato.Y es que el actual acceso, que tiene la consideración de carretera nacional (N-348) por su importancia estratégica, comenzó hace más de un lustro un proceso de congestión que ha desembocado en su colapso crónico, con casi 40.000 vehículos diarios. Las congestiones se agravan además por las obras de ampliación del aeropuerto, que obligan a realizar frecuentes cambios en el tráfico.Agua y accidentesPor si fuera poco, esta entrada es única y cuando se producen en el trazado de la avenida García Morato episodios como la formación de balsas de agua por las lluvias y cauces próximos, accidentes o simples averías de camiones o autobuses, la entrada al aeropuerto se bloquea por completo.Respecto al trazado, el acceso sur partirá de las inmediaciones de Guadalmar, en la A-7, pasará por San Julián y cruzará mediante un puente la N-340, en paralelo y al Este de la estructura del cercanías que ya salva la carretera. Para ejecutar esta obra se expropiarán 45 fincas con una superficie total de 92.220 metros cuadrados, algunas de ellas en el citado polígono industrial.Esta infraestructura se complementará con el acceso norte (desde la segunda ronda de circunvalación). El pasado 22 de diciembre el Gobierno dio luz verde a la redacción del proyecto constructivo de este nuevo enlace, de 1,7 kilómetros y dos carriles por sentido, y que requerirá invertir 15,5 millones.
La Junta prevé casas en una zona que el PGOU reservó sólo para empresas (SUR)
El Ayuntamiento no descarta que la vega de Campanillas pueda albergar viviendas como se estudió inicialmente
Viviendas, empresas o ambas cosas. El destino que tendrán los terrenos de la vega de Campanillas sigue siendo aún una incógnita por las diferentes previsiones que mantienen para ellos el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y las variaciones de los informes sobre la huella de ruido de los aviones, que condicionan el destino de los suelos. Según pudo conocer este periódico, el borrador del Plan de Ordenación del Territorio (POT), que la Consejería de Obras Públicas presentará hoy al Consistorio de la capital, prevé viviendas en el ámbito, como ya se dio a conocer a principios de 2006, en la última reunión que mantuvieron ambas administraciones sobre este documento. En cambio, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento a mediados del año pasado, reservó el lugar en exclusiva para usos empresariales y logísticos porque la extensión de la huella sonora del aeropuerto impedía hacer casas.VPOSin embargo, el POT mantiene en la vega de Campanillas una de las áreas residenciales de la capital en la que la proporción de viviendas de protección oficial sobre las de renta libre debe ser superior al 30% que marca la legislación andaluza. En concreto, sitúa ese porcentaje en un 55%. La otra zona con mayoría de VPO se dibuja en el POT al norte de Soliva, en el entorno de Puerto de la Torre.Además, al sur de Campanillas, el POT, elaborado por el equipo del arquitecto Manuel González Fustegueras, también prevé un sector que acogerá empresas de tipo logístico que puedan prestar servicio al aeropuerto.Estas determinaciones contrastan con las recogidas por el Ayuntamiento en el PGOU, que presentó la vega de Campanillas como una continuación del cercano Parque Tecnológico de Andalucía en la que únicamente las oficinas y las empresas logísticas tendrían cabida por ser usos compatibles con el ruido de los aviones. Esto llevó a los responsables municipales a trasladar y concentrar la mayor parte de los suelos residenciales de Campanillas en las orillas del río que lleva el nombre de esta barriada y Santa Rosalía. La previsión de viviendas en estos suelos supone triplicar la población actual del distrito, que pasaría de 16.000 a más de 50.000 habitantes. Esto fue criticado por la Junta que, en el primer informe emitido sobre el PGOU de la capital y que fue dado a conocer por este periódico (ver SUR 29/11/2006), instó al Ayuntamiento a reconsiderar los desarrollos residenciales previstos al norte y oeste de Campanillas.Los responsables municipales esperan conocer hoy el contenido del POT y concretar los límites de la huella de ruido de los aviones para poder determinar qué pasará finalmente con uno de los principales sectores de expansión de Málaga para los próximos años: la vega de Campanillas. De momento, no descartan que pueda volver a destinarse para viviendas.
Viviendas, empresas o ambas cosas. El destino que tendrán los terrenos de la vega de Campanillas sigue siendo aún una incógnita por las diferentes previsiones que mantienen para ellos el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y las variaciones de los informes sobre la huella de ruido de los aviones, que condicionan el destino de los suelos. Según pudo conocer este periódico, el borrador del Plan de Ordenación del Territorio (POT), que la Consejería de Obras Públicas presentará hoy al Consistorio de la capital, prevé viviendas en el ámbito, como ya se dio a conocer a principios de 2006, en la última reunión que mantuvieron ambas administraciones sobre este documento. En cambio, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento a mediados del año pasado, reservó el lugar en exclusiva para usos empresariales y logísticos porque la extensión de la huella sonora del aeropuerto impedía hacer casas.VPOSin embargo, el POT mantiene en la vega de Campanillas una de las áreas residenciales de la capital en la que la proporción de viviendas de protección oficial sobre las de renta libre debe ser superior al 30% que marca la legislación andaluza. En concreto, sitúa ese porcentaje en un 55%. La otra zona con mayoría de VPO se dibuja en el POT al norte de Soliva, en el entorno de Puerto de la Torre.Además, al sur de Campanillas, el POT, elaborado por el equipo del arquitecto Manuel González Fustegueras, también prevé un sector que acogerá empresas de tipo logístico que puedan prestar servicio al aeropuerto.Estas determinaciones contrastan con las recogidas por el Ayuntamiento en el PGOU, que presentó la vega de Campanillas como una continuación del cercano Parque Tecnológico de Andalucía en la que únicamente las oficinas y las empresas logísticas tendrían cabida por ser usos compatibles con el ruido de los aviones. Esto llevó a los responsables municipales a trasladar y concentrar la mayor parte de los suelos residenciales de Campanillas en las orillas del río que lleva el nombre de esta barriada y Santa Rosalía. La previsión de viviendas en estos suelos supone triplicar la población actual del distrito, que pasaría de 16.000 a más de 50.000 habitantes. Esto fue criticado por la Junta que, en el primer informe emitido sobre el PGOU de la capital y que fue dado a conocer por este periódico (ver SUR 29/11/2006), instó al Ayuntamiento a reconsiderar los desarrollos residenciales previstos al norte y oeste de Campanillas.Los responsables municipales esperan conocer hoy el contenido del POT y concretar los límites de la huella de ruido de los aviones para poder determinar qué pasará finalmente con uno de los principales sectores de expansión de Málaga para los próximos años: la vega de Campanillas. De momento, no descartan que pueda volver a destinarse para viviendas.
La Junta asegura que el PGOU puede estar en vigor en el primer trimestre de 2008
La alcaldesa no se compromete a dar plazos para su aprobación definitiva a la espera de realizar un estudio pormenorizado y detallado del documento La directora general de Urbanismo realizó el traspaso formal de las competencias al Ayuntamiento marbellí
Tras la aprobación en Consejo de Gobierno del decreto por el que la Junta de Andalucía devuelve las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella tras más de un año de tutela, ayer el Gobierno andaluz escenificó en el despacho de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el traspaso de poderes. Tanto la directora general de Urbanismo, María Felicidad Montero, como José María Ruiz Povadano, que en estos meses ha estado al frente de la Oficina de Planeamiento de Marbella, entregaron en mano a la regidora un informe sobre la gestión de los últimos meses, una copia del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella y un informe técnico favorable para su tramitación.Montero, que ofreció colaboración absoluta para que ambas administraciones trabajen «de la mano», aseguró que el documento podría estar aprobado en el primer trimestre de 2008, según los plazos que se marcó la propia consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, cuando impulsó su elaboración. «Es lógico que el Ayuntamiento quiera estudiarlo porque no puede aprobar un documento que no conoce», afirmó no obstante la directora general de Urbanismo del Gobierno andaluz, que puso el acento en que se trata de un Plan «bien elaborado, cerrado y con garantías». Subrayó por último la «vuelta a la normalidad» que ha supuesto la devolución de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella tras la convulsa etapa que ha vivido la ciudad en los últimos meses.Modelo de ciudadMás cauta se mostró la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que no aludió a ningún plazo a la espera de realizar un análisis «detallado y pormenorizado» del documento que regirá el urbanismo de la ciudad en los próximos años. Dos premisas marcarán el estudio de las directrices del nuevo PGOU. De una parte, aludió a la necesidad de estudiar «técnicamente» cuál es el modelo de ciudad y cómo se nivelarán los servicios. De otra, se refirió a que la prioridad será «devolver la confianza a ciudadanos, inversores, administraciones e instituciones».En medio de un clima de cordialidad entre ambas administraciones, la regidora no dejó pasar la oportunidad para lanzar un mensaje de cara a los próximos meses de trabajo previos a la aprobación inicial del nuevo PGOU, a la que seguirán la aprobación provisional y la aprobación definitiva tras obtener el visto bueno de la Junta. Sustuvo que «en la teoría está todo perfectamente claro pero ahora tendremos que ver la práctica, cuando nos pongamos manos a la obra con el equipo redactor, que será lo que marque los plazos». De hecho, ayer mismo tenían previsto reunirse con el arquitecto director del Plan, Manuel González Fustegueras, para ir conociendo en profundidad el documento.No fueron sus únicas palabras. En el acto oficial de traspaso de poderes, en el que también estuvo presente la concejala delegada de Urbanismo, Alba Echeverría, la regidora marbellí se comprometió a que la gestión tenga como referentes el «interés» de la ciudad y el «bienestar» de los ciudadanos, además de garantizar que se restablecerá la seguridad jurídica y urbanística «con criterios de sentido común y de transparencia».Por su parte, José María Ruiz Povedano, que ha estado un año al frente de la Oficia de Planeamiento de la Junta y que se mantendrá varios meses en su cargo para colaborar con el Ayuntamiento en la fase previa a la aprobación inicial, hizo balance de la gestión del Gobierno andaluz. Recordó que se han impulsado once modificaciones puntuales al Plan de 1986, así como 18 planes parciales y casi un centenar de estudios de detalle. Añadió que la labor desarrollada por la oficina ha demostrado que se puede «gestionar democráticamente el urbanismo sin ningún afán de extorsión como hasta ahora se había estado haciendo por anteriores responsables municipales» de Marbella.
Tras la aprobación en Consejo de Gobierno del decreto por el que la Junta de Andalucía devuelve las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella tras más de un año de tutela, ayer el Gobierno andaluz escenificó en el despacho de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el traspaso de poderes. Tanto la directora general de Urbanismo, María Felicidad Montero, como José María Ruiz Povadano, que en estos meses ha estado al frente de la Oficina de Planeamiento de Marbella, entregaron en mano a la regidora un informe sobre la gestión de los últimos meses, una copia del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella y un informe técnico favorable para su tramitación.Montero, que ofreció colaboración absoluta para que ambas administraciones trabajen «de la mano», aseguró que el documento podría estar aprobado en el primer trimestre de 2008, según los plazos que se marcó la propia consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, cuando impulsó su elaboración. «Es lógico que el Ayuntamiento quiera estudiarlo porque no puede aprobar un documento que no conoce», afirmó no obstante la directora general de Urbanismo del Gobierno andaluz, que puso el acento en que se trata de un Plan «bien elaborado, cerrado y con garantías». Subrayó por último la «vuelta a la normalidad» que ha supuesto la devolución de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella tras la convulsa etapa que ha vivido la ciudad en los últimos meses.Modelo de ciudadMás cauta se mostró la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que no aludió a ningún plazo a la espera de realizar un análisis «detallado y pormenorizado» del documento que regirá el urbanismo de la ciudad en los próximos años. Dos premisas marcarán el estudio de las directrices del nuevo PGOU. De una parte, aludió a la necesidad de estudiar «técnicamente» cuál es el modelo de ciudad y cómo se nivelarán los servicios. De otra, se refirió a que la prioridad será «devolver la confianza a ciudadanos, inversores, administraciones e instituciones».En medio de un clima de cordialidad entre ambas administraciones, la regidora no dejó pasar la oportunidad para lanzar un mensaje de cara a los próximos meses de trabajo previos a la aprobación inicial del nuevo PGOU, a la que seguirán la aprobación provisional y la aprobación definitiva tras obtener el visto bueno de la Junta. Sustuvo que «en la teoría está todo perfectamente claro pero ahora tendremos que ver la práctica, cuando nos pongamos manos a la obra con el equipo redactor, que será lo que marque los plazos». De hecho, ayer mismo tenían previsto reunirse con el arquitecto director del Plan, Manuel González Fustegueras, para ir conociendo en profundidad el documento.No fueron sus únicas palabras. En el acto oficial de traspaso de poderes, en el que también estuvo presente la concejala delegada de Urbanismo, Alba Echeverría, la regidora marbellí se comprometió a que la gestión tenga como referentes el «interés» de la ciudad y el «bienestar» de los ciudadanos, además de garantizar que se restablecerá la seguridad jurídica y urbanística «con criterios de sentido común y de transparencia».Por su parte, José María Ruiz Povedano, que ha estado un año al frente de la Oficia de Planeamiento de la Junta y que se mantendrá varios meses en su cargo para colaborar con el Ayuntamiento en la fase previa a la aprobación inicial, hizo balance de la gestión del Gobierno andaluz. Recordó que se han impulsado once modificaciones puntuales al Plan de 1986, así como 18 planes parciales y casi un centenar de estudios de detalle. Añadió que la labor desarrollada por la oficina ha demostrado que se puede «gestionar democráticamente el urbanismo sin ningún afán de extorsión como hasta ahora se había estado haciendo por anteriores responsables municipales» de Marbella.
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